Los denunciantes piden a Garzón la apertura de cuatro nuevas fosas en Cáceres, Córdoba y Baleares

Las Asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica personadas en el sumario en el que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón investiga los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, solicitaron hoy al magistrado autorización para iniciar los trabajos de apertura de cuatro nuevas fosas situadas en las provincias de Cáceres, Córdoba y Baleares.

Según indicó en declaraciones a los medios de comunicación el abogado de los denunciantes, Fernando Magán, las exhumaciones se realizarán en las localidades de Villanueva de la Vera (Cáceres), Aguilar de la Frontera (Córdoba) y en dos tumbas colectivas situadas en las cercanías de Calviá, en Mallorca.

Garzón autorizó el pasado jueves la exhumación de los restos mortales que se hallan en 19 fosas comunes, entre las que se encuentra la del barranco de Viznar, en Granada, en la que se cree que puedan encontrarse los restos mortales del poeta Federico García Lorca.

Las otras fueron las situadas en Parrillas (Toledo), Adrada de Aza, Valdenoceda y San Juan del Monte (Burgos), La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil y Carucedo (León), Córdoba, Alfacar (Granada), La Palma del Condado, Bonares y Niebla (Huelva), Fuerte San Cristobal (Navarra) y La Serna (Madrid).

El juez especificaba que la exhumación de los restos deberá realizarse "bajo la supervisión y dirección de la autoridad judicial en cuya jurisdicción se encuentre" la fosa, que deberá dirigir "el levantamiento del cadáver, la identificación, la inhumación y el registro de la víctima". Estos trabajos, según el auto, deben realizarse "procurando preservar las medidas de seguridad y privacidad, así como garantizando la dignidad de las víctimas y de los familiares".

Grupo de expertos

Magán confirmó además que las asociaciones han alcanzado ya un acuerdo sobre tres de los cinco nombres de los expertos que plantearán para formar parte del grupo que se creará por orden del juez. Garzón solicitó a las partes en su auto del jueves la designación de común acuerdo de cinco personas, a las que se unirán otras dos nombradas por su juzgado que tendrán como misión "estudiar, analizar, valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas".

Esta comisión tendrá que presentar al magistrado un informe único que incluya el número total de personas que perdieron la vida entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951, las cuales serán englobadas en tres grupos. El primero contemplaría a las personas detenidas y desaparecidas sobre las que consta una propuesta de localización y métodos de recuperación e identificación de restos; el segundo abarcaría a cuerpos ya recuperados pero aún sin identificar; y el tercero a víctimas que ya han sido identificadas.

Las personas seleccionadas por el momento son el médico forense perteneciente a la Sociedad de Ciencias Aranzadi Francisco Etxeberria, que ha participado desde un inicio en las labores de exhumación y dispone de inventarios completos sobre el número de fosas y de cuerpos localizados en ellos; y los historiadores Fernando Espinosa y Julián Casanova.

Espinosa es el firmante del informe pericial presentado por los denunciantes en el Juzgado de Garzón sobre las tumbas colectivas. En cuanto a Casanova, es uno de los coautores del libro 'Víctimas de la Guerra Civil', que en opinión de las asociaciones constituyó la base para las labores de búsqueda y exhumación desarrolladas en los últimos años.

Magán concretó que los denunciantes tienen ya casi cerrados los otros dos nombres de expertos que formarán parte del grupo y avanzó que uno de ellos procederá de forma directa del movimiento asociativo.