Dirigentes del PP tildan de "disparate" revisar los hechos cerrados en la Transición

Dirigentes populares manifestaron ayer su perplejidad tras conocer la decisión del juez Garzón de investigar las desapariciones de personas durante la Guerra Civil y el primer tramo de la dictadura.

El único ministro de Franco que sigue activo en política, Manuel Fraga, consideró que es "un disparate" y "un error" la decisión del juez. "Es un disparate -afirmó- que un señor se autodefina competente en un asunto que es muy discutible que tenga competencia nadie puesto que ya hubo leyes de amnistía".

Defectos procesales

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, apreció que hay objetivos escondidos detrás de la resolución del juez porque su auto es "otra cosa" que no encaja en lo que es la administración de justicia. Sáenz de Santamaría recalcó que "ciertos partidos tienen la obsesión de reabrir temas cerrados en la Transición para endosar a otras fuerzas políticas- en alusión a la suya-, hechos que ocurrieron hace 70 años".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, calificó de "esperpéntico" que el titular del juzgado de instrucción número cinco pida el certificado de defunción de Franco, un trámite judicial para comprobar su muerte, comparable, dijo, a solicitar ese mismo documento referido a Napoleón por "el 2 de mayo de 1808".

Ninguna parte

El Gobierno no quiso valorar en público la resolución del juez de la Audiencia Nacional y su vicepresidenta limitó su apreciación a mostrar su "máximo respeto" por la iniciativa del juez, pero también por "todas las posiciones" y "opiniones divergentes" que hay en este asunto. Justificó este laconismo, que contrasta con las duras críticas al Consejo General del Poder Judicial por el castigo al juez Rafael Tirado por el caso Mari Luz, porque un caso, el de Garzón, es "un proceso judicial" en el que el Gobierno no puede entrometerse, y el otro es una decisión de "política judicial" y, como tal, sometida a "la crítica política".

El secretario general del grupo socialista en el Congreso, Ramón Jáuregui, apuntó que "el camino jurídico" de la resolución de Garzón "es dudoso" y más bien "no va a llevar a ningún lugar" por la muerte de los responsables.

"Pirueta" de Garzón

Por su parte, el juez Baltasar Garzón convirtió en sumario la investigación sobre los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo desde 1936 a 1951, lo que le permite ganar tiempo para iniciar las exhumaciones al obligar a la Fiscalía a presentar su recurso ante él mismo y no directamente ante la Sala de lo Penal como pretendía.

Garzón acordó ayer en un nuevo auto de dos folios la conversión de las diligencias previas en sumario ordinario, en cuyo marco, anuncia, "se practicarán las diligencias acordadas", como la apertura de 19 fosas para practicar exhumaciones, entre ellas la de Federico García Lorca y la del fuerte de San Cristóbal, en Navarra.