Reclama los certificados de defunción de la cúpula franquista para declarar extinguida su posible responsabilidad penal
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declaró ayer competente para perseguir al franquismo por crímenes contra la humanidad en un proceso penal cuyo objetivo último, más que buscar a los responsables y lograr su condena, es localizar a los desaparecidos de la dictadura que implantó el general Francisco Franco. Fueron 114.266, según el censo orientativo incluido en el sumario y que ahora será sometido a una amplia investigación.
En la misma resolución, el magistrado autoriza exhumar los restos de una veintena de fosas comunes, entre ellas la del fuerte San Cristóbal, en Navarra, y Víznar y Alfácar (Granada), donde podrían estar los restos del poeta Federico García Lorca.
El juez ordena a las fuerzas de Seguridad verificar que se trata de fosas comunes, que pueden alojar restos de personas fallecidas durante la Guerra Civil o en años posteriores, que los posibles familiares han reclamado la exhumación y que los dueños de los terrenos, públicos o privados, no se oponen. Cualquier controversia deberá ser resuelta por el juez natural del territorio "atendiendo al interés más necesitado de protección que, en este caso, sería la del hallazgo de la víctima".
Las excavaciones deberán realizarse "bajo la supervisión y dirección de la autoridad judicial en cuya jurisdicción se encuentre el lugar, específicamente a la hora de proceder al levantamiento del cadáver, identificación, inhumación y registro de la víctima".
Esta última labor queda encomendada al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Servicio de Biología), aunque el magistrado abre la puerta a la colaboración de clínicas forenses, grupo de expertos, técnicos de las fuerzas de Seguridad, universidades "o cualesquiera otros organismos nacionales o internacionales que puedan aportar ayuda".
"Crimen contra la humanidad"
El juez hace un somero repaso a la génesis del denominado Alzamiento Nacional y concluye que fue un crimen contra la humanidad imprescriptible, de imposible amnistía, competencia de la Audiencia Nacional, que debe ser investigado porque "al igual que los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la parte vencedora, no aconteció lo mismo respecto de los vencidos, que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado".
"No se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil española; ni esa es la intención de los denunciantes ni puede serlo desde el punto de vista jurídico penal del instructor, ya que ello supondría la formación de una especie de causa general", precisa el juez Garzón, que insiste en que el propósito de sus pesquisas es la búsqueda de los desaparecidos.
Certificados de defunción
El juez reclama al Registro Civil los certificados de defunción de 35 altos responsables del régimen franquista, entre ellos el general Franco y su hermano Nicolás; los generales Emilio Mola, Agustín Muñoz Grandes y Gonzalo Quipo de Llano, o los falangistas Ramón Serrano Suñer y Raimundo Fernández Cuesta. Comprobado su fallecimiento, el juez declarará extinguida su posible responsabilidad penal.
La investigación se centra en hechos ocurridos iniciados el 17 de julio de 1936 y que concluyeron con la persecución de los maquis, fenómeno que duró hasta 1952.
Esta horquilla temporal abre la posibilidad de que algunos dirigentes del franquismo "que no ocuparan puestos de alta responsabilidad" sigan vivos.
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