La psicóloga de la Fiscalía del Menor del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Belén Garayoa se muestra clara. "No hay que creer que vivimos en un clima de impunidad. El acoso y la violencia escolar se castigan cuando es necesario. Las penas se corresponden con la gravedad de los hechos cometidos; desde la mera falta hasta la comisión de un delito grave", recalca. "En cualquier caso, se procurará la protección de la víctima".
En algunos casos, añade, se da una mediación entre el agresor y la víctima. "Se entiende que la situación se ha resuelto con éxito cuando el agresor pide disculpas a la víctima y ésta las acepta". En caso de que no haya mediación (porque no se ha resuelto con éxito o porque no se ha considerado pertinente aplicarla), se pueden aplicar otras medidas, recogidas en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. "Se suele imponer la libertad vigilada, el internamiento de fin de semana o las prestaciones de servicios en beneficio de la comunidad", dice.
Belén Garayoa, desde su experiencia en los juzgados, no comparte la idea de que los padres hayan desistido de educar a sus hijos (como dice el Informe Cisneros 2007 sobre acoso escolar). "Yo no me he encontrado con padres que no se preocupante por sus hijos. Hay algunos que tienen ideas erróneas sobre la educación. Pero los padres dimisionarios son una minoría. Yo no los he conocido".
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