La crisis inmobiliaria reduce a la mitad el superávit público hasta los 3.276 millones

La crisis inmobiliaria continúa pasando factura a las arcas públicas y, según coinciden todos los expertos, lo hará aún durante bastantes meses más. Los datos publicados ayer por el Ministerio de Economía revelan que el superávit del Estado se redujo a la mitad (un 51,4%) en el primer trimestre, al quedar en 3.276 millones de euros, suma que representa casi el 0,3% del producto interior bruto (PIB).

A juicio del Gobierno, la culpa de este mal dato recae tanto en el severo retroceso de la actividad en el sector del ladrillo como en el fuerte encarecimiento del petróleo, que ha disparado los pagos relativos a cuestiones energéticas.

Estos datos no contabilizan todavía el impacto presupuestario de la nueva deducción de 400 euros en el impuesto de la renta (IRPF), que costará 6.000 millones de euros (es decir, en torno al 0,55% del PIB). El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, reconoció que supone un "mordisco" al superávit que "descuadrará" sus cuentas, si bien mostró su confianza en el plan de estímulo económico aprobado el viernes.

Aumento del gasto

En el primer trimestre, los desembolsos del Estado aumentaron con fuerza un 12,8%, en contraste con el pequeño descenso que sufrieron los ingresos, del 1,3%, si bien el volumen de estos últimos superó al de los primeros (38.298 frente a 35.022 millones de euros). En términos de caja, método por el que se anotan sólo las operaciones realmente hechas en el período analizado y deja fuera las no ejecutadas, el saldo positivo del Estado se redujo a 1.272 millones, un 45% menos que hace un año.

El dato más negativo, como en meses anteriores, procedió de la recaudación del IVA, un impuesto ligado a la actividad económica y al consumo, cuya caída evidencia un retroceso de la demanda privada. Entre enero y marzo proporcionó un 5,7% menos de fondos a las arcas públicas (19.335 millones de euros en total), si bien con desigual evolución entre las grandes empresas, cuya aportación creció un 6,4%, y las medianas y pequeñas (pymes), que tuvieron un recorte del 16,6%. Ocaña argumentó que el principal responsable de este descenso en los ingresos brutos fue el mal momento del sector de la construcción -el IVA de la vivienda nueva y de los materiales de construcción-.

Esas mismas diferencias se aprecian en otros impuestos. Así, la recaudación de los directos creció un 11,5% hasta los 23.437 millones de euros, mientras en que los indirectos bajó un 3,6% y quedó en 24.962 millones. Entre los primeros, la mejora en el IRPF fue del 11,1%, mientras que en la tributación por sociedades llegó al 20,1%, si bien aquí el Gobierno ha aplazado el pago fraccionado de las empresas para dar un respiro a la delicada situación financiera de inmobiliarias y constructoras. En los segundos, además del recorte en el IVA, el crudo más caro aminoró el consumo de hidrocarburos, y a su vez bajó un 1,3% su aportación impositiva.