El Defensor pide el mismo trato fiscal de las pensiones para otros ahorros

Imagen del edificio de la Hacienda foral. DN

El Defensor del Pueblo es partidario de ampliar la protección fiscal que tienen actualmente los planes de pensiones a otras formas de ahorro, como fondos de pensiones, acciones, títulos de deuda pública, etc. Por una parte, está de acuerdo en que el legislador proteja el ahorro del contribuyente ofreciendo ventajas fiscales a la inversión en planes de pensiones y sistemas alternativos de previsión social; pero, por otra, esgrime que esos productos no constituyen la única forma de ahorro.

Concluye que este sistema impositivo, al proteger fiscalmente los planes de pensiones, discrimina (aunque matiza que es una discriminación constitucional), otros productos financieros o inversiones que tienen el mismo objetivo de ahorro. El contribuyente menor de 50 años puede desgravar hasta 8.000 euros (siempre que no superen el 30% de los ingresos) y los mayores de 50 años, hasta 12.500 euros, con un límite del 50%.

Para evitar esta situación "discriminatoria", el Defensor señala que existen dos opciones: suprimir la reducción por este concepto o ampliar la protección fiscal hacia los otros productos de ahorro. El Defensor apuesta por esta segunda opción ya que la primera provocaría una "gran polémica" en la sociedad. Así se recoge en un informe especial sobre el sistema tributario foral de Navarra, que ha sido elaborado por esta institución, y que incluye diversas recomendaciones dirigidas al Parlamento. El estudio analiza los diferentes impuestos directos como el IRPF, el impuesto de patrimonio, el de sucesiones y sociedades y, en ocasiones, propone alternativas.

La deducción por la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual (que actualmente, en el sistema navarro es, en general, del 15%) es otro de los puntos que cuestiona el Defensor. Señala los efectos negativos que, en su opinión, produce el mantenimiento de esta deducción, como es que beneficia únicamente a aquellos contribuyentes que tienen capacidad para adquirir una vivienda en comparación con los que no tienen esta posibilidad económica. Por otro lado, también afirma que es una deducción que apoya un bien de primera necesidad, como es la vivienda, y que supone un apoyo indirecto al sector de la construcción. Así que, sin llegar a decantarse por su supresión, defiende la congelación del límite legal establecido como tope para la deducción. "De este modo, se corrigen sus efectos más discutibles como es la imagen de un trato excesivamente favorable a un determinado colectivo y la pérdida de una importante cantidad de ingresos públicos".

Declarar el arrendamiento

Otra de las recomendaciones que hace al Parlamento se centra en los rendimientos de capital inmobiliario. En concreto, el Defensor es partidario de obligar a los arrendatarios (los inquilinos de un inmueble) a declarar el importe del alquiler pagado. En la actualidad, cuando el arrendatario presenta su liquidación de IRPF, sólo está obligado en algunas ocasiones a declarar el NIF y nombre del arrendador, y no el importe del alquiler que abona. Según el informe, esta medida "mejoraría el control, porque para el arrendatario particular (no profesional ni empresario) no es gasto deducible el alquiler satisfecho".

Inversiones

El Defensor también menciona el impuesto de sociedades, que desde 2007 está fijado en unos tipos del 32,5%, para las grandes empresas, y un 28%, para las pymes. Así, pide una modificación de la reserva especial por inversiones, una deducción que beneficia, en su opinión, a las grandes empresas. Por ello, solicita reducir el mínimo de dotación a inversiones exigido para la posible deducción (que actualmente es de 150.000 euros anual) para que puedan beneficiarse también las pymes.

Luchan contra el fraude

El informe también hace referencia al plan de lucha contra el fraude fiscal elaborado por la Hacienda Tributaria entre 2003-2007. Dicho plan permitió detectar una fraude total de 532,1 millones de euros y descubrió 40 delitos fiscales en Navarra, por valor de 76,4 millones de euros. El Defensor valora positivamente los recursos humanos destinados a este fin, ya que, entre 2003 y 2007 se incorporaron 16 técnicos y 30 gestores para la lucha contra el fraude. Sin embargo, aconseja mejorar sus salarios, vinculando la mejora retributiva a la productividad, es decir, "a la comprobación de posibles hechos imponibles no declarados, el levantamiento de contribuyentes ocultos u otros hechos".