Arranca el macrojuicio contra la red de apoyo a los presos de ETA

El ex portavoz de Gestoras Pro Amnistía Juan María Olano.

Hoy arrancó en la sede que la Audiencia Nacional tiene en la Casa de Campo madrileña, escenario de otros macroprocesos como el del 11-M, el juicio contra los dirigentes de Gestoras pro Amnistía, la red de apoyo a los presos de ETA. Los procesados están acusados de un delito de integración en organización terrorista, como parte del entramado de ETA, y se enfrentan a una pena de 10 años. El primero de los procesados en declarar fue el máximo dirigente de la organización, Juan María Olano, que renunció a a su defensa aduciendo que no espera "justicia" de un tribunal que está "a miles de kilómetros de la imparcialidad". Siguiendo esta misma estrategia, el resto de acusados también renunciaron a su defensa, se negaron a responder a las preguntas de la Fiscalía y a la acusación popular, ejercida por la AVT, e introdujeron en sus intervenciones numerosas proclamas políticas contra el tribunal y el Gobierno.

El macroproceso contra los responsables de Gestoras Pro Amnistía comenzó pasadas las diez de la mañana y está previsto que se prolongue hasta el próximo 23 de julio. Olano fue el primero de los procesados en declarar ante el tribunal y en su intervención dejó clara cuál iba a ser la constante en el resto de comparecencias. El ex portavoz de la red de apoyo a los presos de ETA tildó de "farsa" el proceso y comunicó al tribunal que renuncia a su defensa jurídica debido a que no espera "justicia".

"Este tribunal me va a condenar pero no a juzgarme", aseguró Olano que señaló que la Audiencia Nacional se encuentra "a miles de kilómetros de la imparcialidad". "La sentencia contra nosotros está escrita y esta instrucción se ha hecho mediante el impulso político: no espero justicia ni aquí ni ahora", insistió el máximo responsable de Gestoras Pro Amnistía que se limitó a responder a las preguntas de su abogada, Ainoa Baglieto y aprovechó su declaración, realizada íntegramente en euskera, para realizar un discurso lleno de proclamas políticas en el que denunció la situación que viven los presos de ETA, cargó contra la policía y pidió "negociación y diálogo".

El resto de responsables nacionales y territoriales de Gestoras Pro Amnistía repitieron de forma casi calcada el discurso de Olano. Así lo hizo el también responsable nacional Julen Zelarain que fue el segundo en pasar por el estrado y dijo sentirse "orgulloso" de la actividad que ha desarrollado porque, según apuntó, es la representación de "la solidaridad con mayúsculas". De la misma forma, denunció que el tribunal "no es imparcial" y que "la sentencia y el castigo están escritos".

Con esta constante uno a uno fueron pasando ante el tribunal presidido por la juez Teresa de Palacios los 27 procesados, que renunciaron a su derecho a la defensa, se negaron a contestar al fiscal, Carlos Bautista, y al abogado de la AVT y trufaron las respuestas a sus abogados con proclamas en favor de los presos etarras y acusaciones contra el Gobierno sobre su gestión del conflicto vasco y las vías para su resolución.

Entre los que declararon hoy también estaba la responsable en Álava de Gestoras Pro Amnistía y miembro de la Mesa Nacional de Batasuna, María Teresa Díaz de Heredia, la única de los procesados que se encuentra actualmente en prisión tras ser detenida en octubre de 2007 en la operación policial contra la formación ilegalizada en la localidad guipuzcoana de Segura. En su declaración, Díaz de Heredia denunció que "la Audiencia Nacional da cobertura legal a una decisión política del Gobierno" una vez el Estado "renunció a la tregua".

La réplica a todas las proclamas que lanzaron los dirigentes de la red de apoyo a los presos de ETA la dio el flamante presidente de la AVT, Juan Antonio García Casquero, que a las puertas del tribunal denunció que las víctimas de ETA "no gozan del respeto a los derechos humanos" que, a su entender, sí tienen los presos de la banda terrorista. "Están haciendo alusiones a derechos humanos y ellos gozan de esos derechos humanos, los que no gozan de esos derechos humanos son las víctimas, los asesinados, los que han sufrido torturas y secuestros", sentenció.

El fiscal Carlos Bautista, que en la sesión de hoy estuvo acompañado por el fiscal-jefe de este tribunal, Javier Zaragoza, solicita para los acusados 10 años de cárcel por integración en organización terrorista. Según el escrito de conclusiones del Ministerio Público esta organización se dedicaba a dar apoyo y controlar a los presos etarras --sirviendo de enlace entre éstos y la dirección la banda--, señalar como objetivos terrorista a los supuestos responsables de su situación, captar a nuevos miembros y recopilar datos de los sumarios judiciales que pudieran servir a la banda terrorista.

Renuncian a 200 testigos

Y en cumplimiento de la voluntad de los acusados de renunciar a su defensa judicial, los abogados anunciaron al término de la delación de los acusados que renunciaban a la gran mayoría de los 220 testigos que tenían previsto citar durante el juicio. La abogada Amaia Izko anunció en nombre de sus compañeros al término de la declaración de los 27 procesados esta renuncia y precisó que las defensas únicamente mantendrán 20 testigos. En cumplimiento de las instrucciones dadas por la presidenta de tribunal, Teresa Palacios, la lista se comunicará por escrito a la Sala y se conocerá mañana.

Hasta que finalice el juicio a finales del mes de junio, estaba previsto que declararan un total de 271 testigos, algunos de ellos eran muy notables como el consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga; el obispo emérito de San Sebastián, José María Setién; el alcalde de esta ciudad, Odón Elorza (PSE-PSOE); o el presidente del PNV de Guipúzcoa, Joseba Egibar. También comparecerán ante el tribunal etarras como Henri Parot, Harriet Iragi, Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, 'Josu de Mondragón' y abogados del entorno etarra como Jone Goirizelaia o Álvaro Reizabal.