El PP está de acuerdo con la obra y reclama el mismo trato para todas las zonas de España que sufren la sequía
Los responsables de los recursos hídricos de todas las comunidades autónomas, incluidos los del PP, respaldaron la "conducción" de agua de Tarragona a Barcelona, por tratarse de una medida de carácter excepcional y urgente.
Ese fue el balance de la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, tras la reunión de más de tres horas mantenida en la mañana de ayer con los consejeros autonómicos. Por Navarra, acudió la consejera Begoña Sanzberro.
Sin embargo, de las consecuencias de esta iniciativa, aprobada por un decreto ley durante la reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes, los representantes del Gobierno y del PP obtuvieron unas conclusiones contradictorias, cuando no abiertamente opuestas.
Así, Espinosa afirmó que esta "conducción" de agua a la Ciudad Condal -el Ejecutivo ha desterrado el uso de la palabra trasvase- no cambia la política del Gobierno en materia de agua y dijo "alto y claro" que en ningún momento se va a reabrir el debate sobre el trasvase del Ebro, "cuya derogación se mantiene".
Por su parte, los consejeros del PP interpretaron al término de la reunión que el Gobierno ha optado ahora por cambiar su política hídrica, se felicitaron por ello y le conminaron, en consecuencia, a "revisar la situación del conjunto de España".
Espinosa se esforzó en dejar meridianamente claro que la obra de suministro a Barcelona no supone cambio sustancial alguno en la política mantenida durante la anterior legislatura, cuando se adoptaron medidas similares para abastecer de agua a Valencia, Alicante y Murcia.
Se remontó a la década de los noventa para recordar que también se llevaron a cabo iniciativas parecidas para llevar agua a Bilbao y a Benidorm.
Reiteró que la conducción de agua a Barcelona está motivada por una "situación excepcional, de emergencia", toda vez que esta ciudad ha registrado los índices de lluvia más bajos de los últimos 60 años.
Nada de recursos
La ministra señaló que en ningún momento de la reunión los consejeros del PP de Valencia y Murcia hablaron de un posible recurso contra la medida ante el Tribunal Constitucional, una iniciativa anunciada por los presidentes de sendos Ejecutivos autonómicos, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel.
Los consejeros de comunidades gobernadas por el PP sacaron impresiones bien distintas de la reunión con la ministra Espinosa.
La consejera de Castilla y León, María Jesús Ruiz, en nombre de todos ellos, mostró su satisfacción por la medida adoptada con Barcelona, máxime cuando, a su juicio, supone "rectificar una política errónea de los cuatro años anteriores y se entra en una senda clara de entendimiento".
En su opinión, lo que hay que hacer ahora es "revisar" el Plan Hidrológico Nacional y "garantizar los recursos de abastecimientos a la población de todos los territorios".
Durante la reunión, precisó Ruiz, el PP planteó una política de "reequilibrio territorial del agua con los medios que sean necesarios, así como el refuerzo de las infraestructuras. La rectificación es muy importante; ahora lo ideal es que se escuche a todos los territorios".
El consejero valenciano de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García, y el murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, mostraron su acuerdo con la conducción de agua a Barcelona y reclamaron que se actúe igual con sus comunidades, ya que viven también una situación preocupante.
La postura de Aragón
El consejero de Aragón, Alfredo Bonet, coincidió con el de Valencia y otros del PP en que la reunión debería haberse celebrado antes de la aprobación del decreto ley por el Consejo de Ministros.
En cualquier caso, el consejero aragonés de Medio Ambiente subrayó que el acuerdo para Barcelona "abre una serie de ventanas" para actuar igual con comunidades, como la suya, que necesitan agua con carácter urgente.
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