Aprobada por decreto-ley la conducción urgente de agua de Tarragona a Barcelona

Ni trasvase del Ebro, ni minitrasvase a Barcelona, el acuerdo para abastecer la Ciudad Condal se llama "conducción de agua" y fue aprobada hoy mediante Decreto-Ley durante el primer Consejo de Ministros ordinario de la IX Legislatura. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, calificó de "lamentable" que se trate de "humillar" a Barcelona con algo que ya tiene Valencia y explicó que las obras de la 'conducción' tendrán un coste de 180 millones de euros, con cargo a la Disposición Tercera del Estatut, relativa a las inversiones estatales en infraestructuras en Cataluña. Sin embargo, las intenciones del Govern son otras, pues quiere que el coste de las infraestructuras no se le descuente de la partida del Estatut.

"Explicaré con cinco puntos y de manera sencilla, gráfica y contundente la decisión del Gobierno para evitar prejuicios y falsedades que crispan y enfrentan a unos españoles con otros", enunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno. "Hemos encontrado la mejor solución, que no es otra que la de conducir el agua que llega a Tarragona, primero hasta Abrera, para luego incorporarse a Barcelona, sin que haya que extraer ni una gota más del río Ebro, ya que el caudal queda exactamente como está ahora", aseguró De la Vega, que añadió que se trataba de atender una "situación de emergencia".

De la Vega destacó tanto el escaso impacto ambiental que tendrá la 'conducción', por transcurrir paralela a la autopista AP-7, como la ausencia de impacto en el caudal del Ebro y el carácter temporal, hasta la puesta en funcionamiento de la desaladora de El Prat en junio de 2009. En este sentido, destacó que este tipo de obra ya se ha realizado con anterioridad en Valencia o Benidorm: "Es lamentable que se pretenda humillar a los ciudadanos de Barcelona por reclamar exactamente lo mismo que se hizo, con todo derecho y cuando más lo necesitaban, para los ciudadanos de Valencia".

Además, la vicepresidenta dejó claro que "no estamos hablando de un trasvase, sino de una conducción de agua, y así de claro queda reflejado en el informe de la Abogacía del Estado" y que es una medida "perfectamente constitucional", por lo que se mostró convencida de que el informe jurídico que ha encargado Aragón dirá exactamente lo mismo y que el recurso con el que amenazan Valencia y Murcia ante el Tribunal Constitucional avalará la 'conducción'. Por último, De la Vega se mostró en contra de todas las guerras, incluyendo la del agua, y apeló al diálogo para buscar una solución permanente al problema "estructural" del agua en España.

Trasvase o conducción

Por otro lado, si la obra de la 'conducción' de agua para Barcelona costará 180 millones de euros con cargo a la Disposición Adicional Tercera del Estatut, relativa a la inversión del Estado en Cataluña en materia de infraestructuras, la Generalitat planea otra cosa. El conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castells, explicó hoy que el Gobierno catalán intentará ver "hasta qué punto el carácter de emergencia" de la medida "permite ver que una parte se financie de forma específica", sin tener que mermar le inversión estatal prevista para Cataluña, aunque prefirió mostrarse "prudente" respecto a este punto y señaló que lo previsto en la disposición es mucho más de lo que se invertía hasta ahora en Cataluña.

Y mientras se daba luz verde a la 'conducción' y el Ayuntamiento de Barcelona aprobaba la instalación "progresiva" de depósitos de aguas pluviales en los edificios municipales, la Asamblea Regional de Murcia aprobaba, con los votos del PP, una petición al Gobierno central para que "autorice la puesta en marcha del resto de sistema de conducciones" previstas en el Plan Hidrológico Nacional, a la vista de la 'conducción' para Barcelona. Por su parte, el vicepresidente del Consell de la Generalitat valenciana, Vicente Rambla, acusó a De la Vega de mentir "cuando niega que se trata de una trasvase" y por decir "que el agua que se envíe no saldrá del Ebro, una realidad que hasta Aragón no ha negado".

Sin embargo, el presidente de la Comunidad aragonesa, Marcelino Iglesias, diferenció entre la 'conducción' y "de cuando se plantea un trasvase 10 veces mayor para agricultura, urbanismo, que era lo que contemplaba el plan hidrológico anterior. Contemplaba un trasvase para el Levante Español dejando en una situación permanente al Ebro sin agua". "Cuando hablamos de una ciudada que tiene necesidad de agua durante unos meses, cuando hablamos de una ciudada que paga el agua más cara con cinco millones de habitantes que tiene un problema de agua de boca, y la podemos resolver sin afectar a la cuenca del Ebro, tenemos que hacerlo", sentenció Iglesias en declaraciones a la SER recogidas por otr/press.