La Fiscalía pide reabrir el caso del "Yak-42"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional y las familias de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42 solicitaron ayer a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal la reapertura de la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de identificación de los cadáveres.

El fiscal del caso, Fernando Burgos, considera que hay "suficientes indicios de criminalidad", y acusa al general Vicente Navarro, jefe del equipo médico enviado a Turquía por el ex ministro Federico Trillo, y a dos patólogos de falsear a sabiendas la identidad de 30 cadáveres, que luego fueron entregados a familias erróneas y enterrados o incinerados donde no debían.

El representante del Ministerio Público acusó a Navarro de "falsificar" los certificados de defunción por "rellenar los espacios de los no identificados arbitrariamente y sin ningún tipo de prueba" para filiar a los restos de 30 soldados que los forenses turcos no habían podido identificar.

Esos documentos, firmados en la base de Torrejón tras el funeral de Estado, sirvieron para "legalizar" las muertes ante los registros civiles e hicieron posibles las inhumaciones. Navarro actuó, según el fiscal, "de manera caprichosa y sin ningún tipo de prueba". En la actuación del equipo médico aprecia "dolo falsario". "Lo saben y lo hacen", concluyó ante los magistrados de la sala.

El fiscal Fernando Burgos solicitó por ello la reapertura del sumario, que fue archivado el 11 de enero por decisión del juez instructor, Fernando Grande-Marlaska. En su exposición, el representante de la acusación pública exoneró de todo lo ocurrido al general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán Doña, a quien Trillo había ordenado coordinar las labores de repatriación de los cuerpos y la recuperación de sus efectos personales.

Enterramiento inmediato

Los abogados de las familias pidieron la imputación de Beltrán, porque fue quien firmó el acta de entrega a España de los 62 cuerpos por las autoridades turcas, que le advirtieron de que 30 de los cuerpos estaban sin identificar. El letrado de la principal asociación de afectados, Leopoldo Gay, considera que Beltrán "ocultó a sus superiores que había cadáveres no identificados", y eso llevó al Ministerio de Defensa a decir a las familias que todo el proceso "había sido perfecto". Su actuación y la de Navarro perseguían, según otro letrado de la acusación, el ex fiscal general del Estado Leopoldo Torre, "el enterramiento inmediato y a toda costa" de los restos.

Por su parte, el abogado del general Navarro defendió que este oficial no incurrió en delito al elaborar las actas de defunción, ya que esos documentos, dijo, "no faltan a la verdad", ya que sus titulares murieron en el siniestro. La defensa de Beltrán, que admitió su papel de "coordinador" en todo el proceso, basó su alegato en que el acta de entrega de los cuerpos por los forenses turcos carece de efectos jurídicos.