El líder del partido de la oposición en Guinea Ecuatorial, de 64 años, reside en España como asilado político
Severo Moto, el líder de la oposición guineana, fue detenido en la noche del lunes en Fuensalida (Toledo) como presunto autor de un delito de tráfico de armas, cuyo supuesto destino era Guinea Ecuatorial, en una operación en la que también fueron arrestados dos españoles: un empresario y su chófer.
La detención, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, está relacionada con la reciente incautación en el puerto de Sagunto (Valencia) de tres armas -un fusil ametrallador y un mosquetón, pertenecientes al Ejército español, más un arma corta- en el maletero de un coche que iba a ser embarcado a Malabo, la capital guineana, y que, según el régimen del presidente de Guinea, Teodoro Obiang Nguema, formaban parte de un arsenal para organizar un golpe de Estado.
Tras su detención, Severo Moto, de 64 años y con residencia en la comarca toledana de Torrijos, fue trasladado a la Comisaría General de Información de Canillas (Madrid) para tomarle declaración antes de que comparezca hoy ante la Audiencia Nacional.
Desde el autoproclamado Gobierno de Guinea en el exilio que Moto preside, su vicepresidente, Armengol Engonga, negó ayer que su líder esté implicado en un caso de tráfico ilegal de armas y calificó a Moto de "hombre pacífico". "La sombra del dictador Obiang se nota en España", añadió Engonga, aludiendo a una supuesta conexión entre la operación policial y el régimen dictatorial guineano.
Antecedentes
La relación del dirigente del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial con el tráfico ilegal de armas no es nueva. Su jefe de seguridad, Damián Motu, fue detenido en marzo en Torrejón de Ardoz (Madrid) por los presuntos delitos de tráfico de armas y asociación ilícita. Aquella detención hizo temer a Severo Moto sobre su futuro en España, ya que el Tribunal Supremo debía decidir entonces sobre la renovación de su condición de asilado político en España después de que el Consejo de Ministros acordara en enero de 2006 revocar el asilo del que disfrutaba desde marzo de 1986 por representar un riesgo para la seguridad de España, al haber participado en varios intentos de golpes de Estado contra el régimen de su país.
Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no atendió las razones del Gobierno español ni los informes del Centro Nacional de Inteligencia y decidió conservar su situación de asilado político.
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