El juez admite un "riesgo de fuga elevado" pero recuerda que no ha huido pese a estar implicado en otras causas judiciales
El entorno del ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca abonó la fianza de un millón de euros fijada por el juez del caso Malaya para su puesta en libertad y abandonará previsiblemente la prisión de Albolote (Granada) en las próximas horas.
Roca aseguró que demostrará su inocencia tras una instrucción "cargada de irregularidades" y acusaciones gratuitas.
El pago se efectuó por medio de una transferencia bancaria y el comprobante de la operación fue presentado ayer en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, que deberá remitir al centro penitenciario el auto para la excarcelación del procesado. Familiares y amigos necesitaron casi veinte días para reunir la cuantía de la fianza, dinero que se recaudó en una cuenta bancaria abierta.
El instructor del caso Malaya, Óscar Pérez, dictó el pasado 27 de marzo un auto en el que reformaba la situación procesal del ex asesor urbanístico imponiendo una fianza de un millón de euros para eludir la prisión provisional.
Fondos en paraísos fiscales
En dicho auto -que la Fiscalía, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella anunciaron que recurrirán-, el juez afirma que el riesgo de fuga de Roca es "elevado", pero justifica la resolución en que no ha huido durante años a pesar de estar implicado en otras causas judiciales. El magistrado argumenta que es "razonable" pensar que Roca "dispone de fondos en territorios considerados como paraísos fiscales, sin que tal vez nunca pueda llegar a conocerse con exactitud su alcance al ser territorios que dificultan la cooperación (como la Isla de Man)".
El instructor ordena la retirada del pasaporte y la comparecencia diaria del procesado en los juzgados, y prohíbe al ex asesor urbanístico acercarse a menos de 500 metros de cualquier aeródromo público o privado.
El magistrado imputa a Roca los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de caudales y contra la flora y fauna, entre otros.
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