El niño que sobrevivió al crimen de Alovera será acogido por un tío en Italia

Colocación a media asta de la bandera en el consistorio de Alovera. EFE

En los próximos días podría aclararse el incierto futuro de Gonzalo, el niño de cuatro años que el pasado jueves fue testigo en su casa de Alovera (Guadalajara) de cómo su padre mataba a tiros a su madre y al actual compañero sentimental de ésta antes de suicidarse.

Un tío materno, residente en Italia, se ha mostrado dispuesto a asumir su custodia al conocer lo ocurrido y después de que la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha y la Fiscalía de Menores de Guadalajara lograra localizarlo.

De momento el pequeño permanece acogido de forma temporal por una familia de Guadalajara. El huérfano recibe asistencia de psicólogos del Hospital de Guadalajara y servicios sociales, que intentan aliviar el trauma sufrido. Gonzalo fue testigo directo de la tragedia que se desarrolló en su casa a primeras horas de la mañana del jueves.

Testigo directo

Su padre, el sargento José Javier Lacasa, de 34 años de edad, se presentó en el domicilio de Alovera en el que la madre del niño, Sylvina Bassari, una bióloga de 33 años y origen argentino, intentaba rehacer su vida con otro militar, el teniente Andrés Marzal, de 38 años. Lacasa mató primero a tiros a éste, que le abrió la puerta, y luego hizo lo propio con su ex mujer. Llamó a los servicios de emergencia para comunicar los hechos y se suicidó. Al niño lo encontraron llorando y con los pies empapados en sangre.

El ayuntamiento de Alovera decretó dos días de luto oficial y celebrará el próximo lunes dos concentraciones para condenar este suceso.

Mientras, los abogados de Sylvina en el doble proceso legal que seguía contra su ex marido, el de divorcio y el penal por malos tratos, denunciaron ayer desatención judicial, "falta de seguimiento y una incorrecta valoración del riesgo" que corría la joven y que representaba su ex marido.

El sistema no funcionó

Sylvina había activado todos los resortes jurídicos y sociales a su alcance. Se mudó de Ajalvir (Madrid) a Alovera, a unos 40 kilómetros, interpuso la primera denuncia por maltrato continuado a ella y al niño en septiembre de 2006 y disponía de una telealarma para víctimas de violencia de género. Nada la protegió. Ni la orden de alejamiento de 500 metros que pesaba sobre su verdugo, ni las reiteradas denuncias por el quebrantamiento de la misma, en cinco o seis ocasiones, ante el juzgado número 5 de Torrejón de Ardoz (Madrid), encargado del caso.

Había recurrido el régimen de visitas al niño que la sentencia de divorcio le permitía al padre, a través de un Punto de Encuentro Familiar, a pesar de que la orden de alejamiento también prohibía el contacto con el pequeño. Había solicitado un examen psiquiátrico de su agresor, denegado, lo mismo que la petición de su ingreso en prisión preventiva tras el recrudecimiento del acoso, con llamadas, mensajes de móvil y ruedas del coche pinchadas.

A José Javier Lacasa se le había retirado el permiso de armas de que disponía por su condición de militar, y se le ordenó entregar las armas registradas a su nombre, aunque el crimen lo cometió con una pistola comprada después.