Entre 2003 y 2007 se registraron en Navarra doce denuncias por agresiones al personal sanitario

Durante los años 2003 a 2007 se registraron en Navarra doce denuncias por agresiones al personal sanitario, de las que 11 fueron agresiones verbales y una física realizadas por pacientes o familiares, según informó hoy el Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz.

Enériz dio a conocer estos datos, facilitados por el Servicio Navarros de Salud, en una comisión de Régimen Foral en la que compareció a petición propia para explicar el informe especial realizado sobre la 'Violencia en el Ámbito de la Administración Sanitaria'.

Según dijo, aunque en Navarra "no se han alcanzado unas proporciones alarmantes, la violencia en el ámbito de la sanidad pública contra el personal sanitario está siendo objeto de creciente preocupación en varias comunidades autónomas que sí han detectado un incremento".

Enériz sostuvo que si se comparan estos datos con los de otras comunidades autónomas, el número de agresiones denunciadas en Navarra "es mucho más reducido, lo que puede significar o bien que el nivel sea realmente más bajo, o bien que por las razones que sean no se tiene constancia de todas las que producen".

Entre las causas que podrían justificar que en Navarra se produzcan menos agresiones que en otras regiones españolas, figuraría el hecho de que en esta comunidad trabajan 883 enfermeras por cada 100.000 habitantes frente a las 500 de Madrid, 410 de Andalucía o 320 de Murcia, lo que permite presumir, a juicio de Enériz, "que ante un mayor grado de atención sanitaria, se producen menos respuestas violentas por desatención".

Ante esta situación, Enériz sugirió una modificación de la Ley Foral de Salud para incluir como un deber de los usuarios "mantener el debido respeto al personal del servicio de la Administración sanitaria y tipificar como infracción grave la amenaza, coacción, represalia, injuria o trato degradante al personal u otros usuarios de un centro sanitario". Además, propuso otorgar la calificación de infracción muy grave a las agresiones físicas.

Con todo, el Defensor recomendó que exista "la suficiente proporción entre los concretos hechos que se quieren castigar y el castigo finalmente impuesto, que debe ser justo y no desmedido".

Además, propuso que la Administración, en los casos de agresión física con un resultado de lesiones relevantes a su personal, acuda siempre a la vía penal mediante la oportuna denuncia o querella, además de ofrecer asistencia jurídica al agredido.

Por el contrario, cuando no haya habido lesiones o éstas sean mínimas, se recomienda a la Administración sanitaria la incoación de un expediente administrativo y la imposición de sanciones administrativas adecuadas.

Asimismo, Enériz expuso que se debería atribuir la competencia para estas sanciones al Consejero competente en materia de sanidad. También pidió a la Administración la creación de una comisión técnica 'ad hoc' con funciones de asesoramiento, consulta y participación en materia de violencia en el ámbito sanitario.

Entre todas las recomendaciones, destacó la elaboración y ejecución de un plan efectivo de eliminación o reducción de puntos negros en los que se detecte violencia sanitaria; elaborar protocolos de actuación, que deberán conocer todos los trabajadores; y que la administración presente sin excepción alguna, apoyo a la víctima de una agresión.

Por último, aconsejó la contratación de guardas jurados donde se detecten un mayor número de agresiones y realizar campañas divulgativas para sensibilizar a los trabajadores y usuarios.