El tribunal actúa tras una denuncia presentada por la Asociación Dignidad y Justicia
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha pedido hoy al Ayuntamiento de Zizurkil (Guipúzcoa) información sobre los acuerdos municipales que dieron lugar a la atribución del nombre de dos etarras fallecidos a sendas plazas de la localidad. En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 se declara competente para investigar la denuncia presentada por la Asociación Dignidad y Justicia por un presunto delito de enaltecimiento y justificación de los delitos de terrorismo y humillación a las víctimas de delitos de terrorismo o de sus familiares.
La denuncia sostiene que con el homenaje realizado a los dos etarras José Luis Geresta y Joseba Arregi "se produce una situación de humillación, menosprecio y falta de respeto a las víctimas que daña gravemente su sensibilidad además de provocar un daño moral y psicológico difícil de reparar".
Esta asociación ha presentado denuncias similares en Arrigorriaga, Amorebieta, Durango, Lejona (Vizcaya), Hernani y Tolosa (Guipúzcoa) y Etxarri-Aranaz (Navarra).
El juez interesa a la corporación municipal denunciada que certifique la fecha de las resoluciones o acuerdos de atribución de los nombres a las vías públicas incluidas en la denuncia, así como que le remitan copia de los mismos.
Además, el Ayuntamiento deberá informar a Grande-Marlaska de los miembros de la corporación municipal que participaron en la adopción de dicho acuerdo.
El pasado día 2, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, requirió a ocho municipios de la comunidad autónoma los acuerdos por los que en su día atribuyeron el nombre de miembros de ETA a calles o plazas de sus localidades.
En concreto, el delegado del Gobierno solicitó a los alcaldes de Leioa, San Sebastián, Astigarraga, Elgeta, Zizurkil, Etxebarri, Amorebieta y Durango que le remitieran en el plazo de un mes el acuerdo y anunció que a partir de entonces ejercería las actuaciones que procedan.
Asimismo, los familiares de Fernando Múgica, abogado socialista asesinado por ETA en 1996, y Miguel Ángel Blanco, edil popular asesinado en 1997, presentaron sendas denuncias judiciales al considerar que una plaza en Zizurkil dedicada al etarra José Luis Geresta, implicado en los asesinatos de ambos políticos, constituye un delito "permanente" de enaltecimiento del terrorismo.
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