Los policías aseguran que la estafa piramidal de Fontaneda se habría hundido tarde o temprano

Agentes de la Policía Foral han constatado hoy que la estafa ideada por Antonio Fontaneda en 1999 era de las denominadas tipo piramidal, y han asegurado que con "total seguridad" no habría podido continuar porque se habría hundido, ya que era "imposible" poder pagar a los inversores. La quinta sesión del juicio comenzó con los informes realizados por la Policía Foral sobre los documentos encontrados durante el registro de la oficina que Fontaneda y su socio, Manuel Cid Conde, tenían en San Sebastián, donde se encontraron alrededor de 429 contratos de reconocimientos de deuda a nombres de otros tantos inversores.

Asimismo, indicaron que las cantidades depositadas por los inversores, la mayoría de ellos de Guipúzcoa y Navarra, pero también de Madrid y Marbella, alcanzaron la cifra de 2.807 millones de pesetas, de los que Antonio Fontaneda devolvió 1.521 y, el resto, unos 1.300, son los que el acusado adeuda a unos 250 afectados.

Resaltaron que en los primeros cinco meses de la estafa formalizaron 168 contratos, mientras que en los tres últimos, entre enero y abril de 2000, la cifra se elevó hasta los 261.

Por su parte, dos Policías Nacionales explicaron que el inicio de la investigación a Antonio Fontaneda fue por "temas de drogas" tras comprobarse el "nivel de vida tan elevado que llevaba" y "más cuando no tenía bienes" y "acababa de salir de la cárcel".

Indicaron también que a través de las escuchas telefónicas observaron que se trataba de un "asunto de inversiones económicas", extremo que fue corroborado una vez que realizaron los registros y encontraron los contratos, y subrayaron que sin embargo no se encontró "nada" relacionado con inversiones inmobiliarias, como decía Antonio Fontaneda a los inversores.

Una vez finalizada la investigación, constataron también que se trataba de una estafa tipo piramidal, en la que además de Fontaneda se encontraban involucradas más personas, aunque no obstante pudieron observar que "se hacía todo al dictado de Fontaneda", tras lo que aconsejaron proseguir las investigaciones contra, entre otros, Manuel Cid Conde y el ex director del Banco Guipuzcoano en Pamplona, Juan Pedro Echarri.

Antonio Fontaneda reconoció el primer día del juicio ser el autor de una estafa de 7,7 millones de euros y, tras el acuerdo alcanzado por las partes, fue condenado a 3 años y 8 meses de cárcel y al pago de una multa de 1.800 euros, mientras que a su hijo, Raúl Martínez, y a Jesús Adolfo Guallar las acusaciones particulares le retiraron la acusación.

Por ello, de los cinco procesados en el denominado caso Fontaneda, sólo quedan en el banquillo de los acusados Manuel Cid Conde, para quien el fiscal pide seis años de cárcel, y el ex director del Banco Guipuzcoano, Juan Pedro Echarri, para quien las acusaciones particulares piden hasta 13 años de cárcel, mientras que el fiscal pide la libre absolución.