En su informe, el Defensor del Pueblo realiza varias recomendaciones a la Administración foral, extensibles, también, a la sanidad privada:
a Proporción entre los hechos y el castigo Buscando alternativas a la vía penal.
a Asumir las actuaciones La Administración debe asumir la dirección de las actuaciones que se adopten, bien por la vía penal (cuando hay lesiones) o administrativa (cuando no las hay).
a Modificar la ley Para incluir en la Ley Foral 10/1990 aspectos como el deber de los usuarios de respetar al personal sanitario; tipificar y sancionar infracciones; y establecer, como medida provisional, el cambio forzoso de centro sanitario al agresor.
a Crear una comisión técnica Con expertos y representantes del personal, que tendría funciones de asesoramiento y consulta.
a Eliminar las causas objetivas Realizar un estudio y una reorganización de servicios para eliminar las causas que provocan las quejas de los usuarios.
a Fin a los "puntos negros" Realizar un plan que identifique los centros donde se concentran más actos violentos, detectar las causas y establecer medidas concretas de actuación.
a Protocolos de actuación Que debería conocer todo el personal.
a Apoyo al agredido Tanto médico y moral como jurídico.
a Considerarlo accidente laboral Si hay incapacidad temporal.
a Colaboración Con los cuerpos de seguridad para organizar cursos sobre pautas de actuación.
a Más guardas jurados Y avisadores a los servicios de seguridad en centros con conflictos.
a Campaña divulgativa Dirigida al personal y a los usuarios.
© DIARIO DE NAVARRA. Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual