Según un comunicado de Gurelur, el Defensor del Pueblo ha recordado al Ayuntamiento de Lerín mediante una resolución que la puesta en marcha de la granja de patos de Martiko se ha realizado de forma irregular y que ha podido lesionar el derecho de disfrute de un medio ambiente adecuado. Gurelur expone que el proyecto incumple la normativa de las distancias mínimas que hay que respetar respecto a explotaciones existentes para evitar riesgos higiénico-sanitarios.
"La granja denunciada se ha construido a 160 metros de otra que lleva varios años en funcionamiento", expone Gurelur. Además en la resolución, afirma el grupo ecologista, se dice que la explotación comenzó a funcionar sin tener la preceptiva licencia de apertura ni estar acabada su construcción, por lo tanto sin haber concluido la necesaria adecuación de las instalaciones para manejar los patos con el menor riesgo de causar afecciones de animales de granjas cercanas.
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