El PSOE se compromete a no recortar "nunca" los derechos de los empleados

José Luis Rodríguez Zapatero recibe en La Moncloa a Cándido Méndez. EFE

Ni los datos del paro, ni la inflación ascendente, ni la corrección en las previsiones de crecimiento del FMI y de la OCDE modifican la estrategia del PSOE en materia económica. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, negó ayer que haya motivos para una "preocupación extraordinaria", y se mostró convencido de que en la próxima legislatura todavía será posible crear empleo.

Sin embargo, admitió que la "moderación" económica obligará a un "proceso continuo de reformas" en materia laboral y de protección social. Y adquirió un compromiso: "Cuando haya problemas, no habrá recortes, sino ampliación de derechos", dijo.

El varapalo del Tribunal Constitucional al "decretazo" -el decreto ley de medidas urgentes con el que el PP reformó en 2002 el sistema de protección por desempleo- se convirtió en arma electoral recurrente para los socialistas. Es, según defienden, la prueba de que entre los dos partidos mayoritarios existen enormes diferencias. Caldera, que participó en una reunión en La Moncloa con José Luis Rodríguez Zapatero y representantes sindicales y empresariales

-CC OO, UGT, CEOE y CEPYME-, insistió en que su formación "nunca" rebajará los niveles de protección de los trabajadores, ni siquiera si debe enfrentarse a cifras negativas de paro. En todo caso, en su programa, el PSOE sostiene que es posible aumentar la estabilidad del empleo sin necesidad de reducir la flexibilidad que en la actualidad disponen las empresas.

Unidad de mercado

El ministro de Trabajo, también coordinador de la oferta electoral, explicó desde la sede de su partido que los socialistas asumirán como propias varias propuestas de las organizaciones sindicales y la patronal para adaptar el modelo de crecimiento económico a la coyuntura económica. En concreto, los socialistas se comprometen a reducir las cargas administrativas para la creación de empresas, a aumentar la participación del capital privado en la gestión de infraestructuras y a garantizar la unidad de mercado.

La mera enunciación de ese último punto es en sí misma una novedad, porque hasta ahora el Gobierno había rechazado que la profundización en el Estado de las autonomías supusiera problema alguno para las empresas con vocación de implantación nacional. El Instituto de la Empresa Familiar, las grandes superficies y entidades de diversa índole manifestaron a lo largo de esta legislatura su preocupación por las diferencias arraigadas en las reformas estatutarias de nuevo cuño. Sin ser esenciales, les complican la vida y ahora el PSOE lo admite de manera implícita. Resolverlo requerirá, sin embargo, un gran esfuerzo de, entre otros organismos, el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La propuesta socialista en materia laboral incluye también un apartado específico para la inmigración. En ella, defiende que "la entrada de nuevos trabajadores extranjeros debe enmarcarse en la atención de las necesidades del mercado laboral y sólo cuando no existan trabajadores suficientes y disponibles, de forma que no suponga una merma de las condiciones de trabajo de los españoles y extranjeros residentes".

En todo caso, Caldera subrayó que el documento para el diálogo y la concertación social en la próxima legislatura está "abierto" y que, por tanto, es susceptible de nuevas modificaciones tras las elecciones. El presiente del Gobierno se dio ya por seguro ganador y prometió que no tardará ni 24 horas desde el 9-M en reunirse con los interlocutores sociales.