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sesión de gobierno

Regulada la figura del profesional de referencia en servicios sociales

Actualizada Lunes, 24 de enero de 2011 - 13:35 h.
  • AGENCIAS. Pamplona

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy un decreto foral por el que se fija el perfil y se regulan las competencias y funciones del profesional de referencia en los servicios sociales.

Este profesional, previsto en la Ley foral de Servicios Sociales de 2006, atiende a los demandantes de servicios y prestaciones y canaliza esta demanda para asegurar una atención integral, sistemática y continuada.

El profesional de referencia actúa tanto en la asistencia primaria como en la especializada y el decreto foral aprobado hoy establece las funciones en cada caso.

Estas son, informar y asesorar sobre los servicios y prestaciones del sistema y sobre los derechos y deberes de las personas usuarias; elaborar un plan de atención individualizada y ser el principal interlocutor para el usuario, su familia y los profesionales del sistema.

Además el decreto fija también los servicios sociales que deben contar con un profesional de referencia y así en atención primaria se incluyen atención domiciliaria municipal, acompañamiento en el programa de incorporación social, y en prevención de situaciones de desprotección y conflicto en el programa de atención a la infancia y la familia.

En atención especializada el profesional de referencia estará presente en servicios de atención ambulatoria general, para personas con enfermedad mental y en situación de riesgo de exclusión, para víctimas de violencia de género y para menores desprotegidos (intervención, orientación y mediación familiar), así como en los servicios de atención de día y residencial.

El decreto precisa que en atención primaria los beneficiarios de servicios sociales pueden elegir libremente al profesional de referencia de entre los que prestan servicio en la zona básica de su lugar de residencia, mientras que en atención especializada la elección será libre siempre que exista la posibilidad teniendo en cuenta los criterios de reparto proporcional establecidos en el propio centro o servicio.

En el caso de menores de edad o personas incapacitadas, la elección la deberá hacer su representante legal.


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