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El Tribunal de Estrasburgo dictamina que la fianza impuesta al capitán del 'Prestige' "no es excesiva"

La justicia española le impuso una fianza de tres millones de euros por el vertido de 70.000 toneladas de crudo que llegó a la costa

Actualizada Martes, 28 de septiembre de 2010 - 13:28 h.
  • AGENCIAS. Madrid

La Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha resuelto que la fianza de tres millones de euros impuesta por la justicia española al que era capitán del 'Prestige' cuando se produjo el vertido de 70.000 toneladas de fuel en la costa española, Apostolos Ioannis Mangouras, "no es excesiva" ya que la magnitud lo sucedido fue "excepcional".

La Corte ha informado de que a pesar de que, según el artículo 5.3 (derecho a la libertad y seguridad), la fianza se debe valorar teniendo en cuenta los hechos pero también los bienes del acusado, en este caso debido a las dimensiones de los acontecimientos y el enorme daño ambiental causado "se debe ajustar la cantidad requerida en concepto de fianza de acuerdo con el nivel de responsabilidad incurrida".

A juicio del tribunal los tres millones de euros exigidos por España "tenían como fin garantizar que los responsables no tenían incentivos para evadir la justicia", además, señala la "buena actuación" de la justicia española al determinar "la existencia de una relación entre Mangouras y la aseguradora del buque, como se pudo comprobar tras el pago de la fianza por parte de esta última.

"Los tribunales españoles habían tomado, por lo tanto, suficientemente en cuenta la situación personal del demandante, y, en particular, su estatus como empleado del propietario del buque, su relación profesional con las personas que iban a proporcionar la seguridad, su nacionalidad y lugar de residencia permanente y su falta de vínculos en España y su edad", ha dictaminado Estrasburgo.

Tras la catástrofe natural, Mangouras fue detenido durante 83 días y se le otorgó la libertad provisional a la espera del juicio después de pagar la fianza. Las autoridades españolas autorizaron posteriormente su retorno a Grecia con la condición de que las autoridades del país cumplieran la supervisión periódica a la que era sometido en España, la presencia cada dos semanas en una comisaría de Policía.

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