Aseguró que lo ideal sería que la gestión fuese pública y que sólo se incluyera al sector privado mediante sistema con concurrencia
Los grupos parlamentarios han coincidido hoy con la Cámara de Comptos en la conveniencia de establecer un marco que soporte nuevas formas de actuación que surgen en el sector público como ha sucedido con el Circuito de Navarra, una "operación no habitual de la Administración", pero "dentro de la legalidad".
Así lo ha manifestado en la comisión de Economía y Hacienda del Parlamento el presidente de la Cámara de Comptos, Helio Robleda, quien ha recalcado que la actuación del Gobierno foral en relación con el Circuito de Velocidad de Los Arcos "no es habitual en la Administración", pero eso "no significa que no se pueda hacer".
Robleda, quien ha comparecido a petición del PSN, ha reconocido que cada vez más surgen actuaciones de este tipo, lo que hace necesario analizar la conveniencia de establecer un marco o unos principios generales que soporten ese tipo de actuaciones.
A eso ha añadido que "sería deseable que la iniciativa de la gestión fuera pilotada por el sector público, que éste tuviera la mayoría del capital y que la elección del socio privado se produjera mediante algún sistema con concurrencia".
Asimismo ha recomendado realizar una memoria previa a la adopción de las decisiones de inversión significativa o que superen determinado importe en la que se incluyan los objetivos que se persiguen, los indicadores para analizar su consecución y el plan de viabilidad que permita conocer los resultados.
Ha planteado también la necesidad de analizar y definir la capacidad de los consejos de administración de las empresas públicas para adoptar determinadas decisiones de inversión o participación en otras empresas, aunque exista acuerdo o autorización del Gobierno.
Estas reflexiones han sido compartidas por los portavoces parlamentarios en una sesión en la que tanto Robleda como el auditor Jesús Muruzabal han repasado los principales hechos de la construcción del circuito, desde que el grupo Samaniego adoptó la decisión de ponerlo en marcha.
A esa iniciativa privada se sumó posteriormente el Gobierno, a través de SPRIN, y se creó una empresa en la que el sector público era minoritario y a la que aportó 3,6 millones de euros para una inversión inicial superior a los 20 millones.
Iniciada la obra el socio privado no pudo atender sus compromisos financieros y el sector público se hizo cargo del 95% del capital en un momento en el que se decidió efectuar una inversión mayor.
De esa forma la inversión final prevista se sitúa en torno a los 52 millones, que ascienden a 62,2 si se tienen en cuenta las necesidades financieras y se incluye el IVA y el circulante inicial.
Al respecto Muruzabal ha indicado que el coste real, 52 millones, se paga con el capital de la empresa Circuito de Los Arcos S.L. que asciende a 20 millones, de los que el Gobierno ha aportado diecinueve y Samaniego un millón, mientras que el resto son préstamos.
Precisamente ese incremento de la inversión, el hecho de que ésta se haya triplicado al mismo tiempo que el socio privado ha pasado de mayoritario a minoritario, ha sido destacado por el portavoz del PSN, Juan José Lizarbe, quien ha dicho tener la "sensación de que hay importantes zonas oscuras y dudas razonables respecto a la gestión del Gobierno de UPN".
Por su parte, el portavoz de UPN, Carlos García Adanero, ha incidido en el que la Cámara de Comptos "no cuestiona la legalidad" de la actuación en el circuito y ha recalcado que este proyecto recibió el visto bueno del Parlamento, con los votos a favor de UPN, PSN y CDN y la abstención de NaBai e IUN-NEB.
El portavoz de NaBai, Txentxo Jiménez, quien ha dicho que van a ser "rotundos en la exigencia de responsabilidades políticas y si se puede ir más allá también". ha sostenido que es "inaceptable" que "un señor aparezca con la idea de hacer un circuito privado por 6 millones de euros y en año y medio se pase a una inversión de más de 60 millones, ese señor termine invirtiendo 2 millones y llevándose casi 40 millones".
El portavoz de CDN, José Andrés Burguete, ha resaltado que "no se atisban ilegalidades" en la gestión y, al igual que el resto, ha aludido a la necesidad de extremar el control por parte de la Administración.
Finalmente, el portavoz de IUN-NEB, Ion Erro, ha denunciado la falta de planificación en la gestión del proyecto, ha apuntado que "algo falla" en los controles del Parlamento cuando "el Gobierno de UPN actúa en esta legislatura como cuando tenía mayoría absoluta" y ha llegado a hablar de "cacicada" en relación con el proceso de adjudicación de la obra.
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