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La Fiscalía reclama una ley para regular la situación de los centros de menores

Actualizada Martes, 21 de septiembre de 2010 - 16:02 h.
  • AGENCIAS. Madrid

La Fiscalía de Menores ha propuesto al Fiscal General una reforma legislativa para "crear un marco jurídico propio" que regule la situación de los centros menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, refuerce su control e incluya un proyecto educativo.

Tras la visita "sin previo aviso" a los centros en los que el Defensor del Pueblo había detectado "prácticas contrarias" a los derechos de menores, la Fiscalía explica que no se han observado "ni tratos degradantes ni concretas violaciones de derechos fundamentales", pero sí algunas "deficiencias o irregularidades", vinculadas al derecho a la salud de los menores.

Entre otras, destaca que la mayoría de los centros carecen de médicos psiquiatras adscritos; que la administración de medicamentos queda encomendada a los educadores y que no suele hacerse constar el consentimiento informado de los jóvenes mayores de 16 años.

La fiscalía señala, en la Memoria de la institución presentada hoy, que la actual normativa "dispersa y variada" propicia que las entidades privadas que gestionan estos centros dispongan de "gran libertad para aplicar sus reglamentos de régimen interior con mayor o menor rigor".

Por ello, estima oportuno "un abordaje legal, completo y homogéneo que unifique con rango de ley orgánica y ámbito estatal, la definición y el régimen de estos centros, desde la óptica de los derechos, la igualdad y seguridad jurídica de los menores y sus familias y de los profesionales implicados".

Para el Ministerio Público, debe incluirse la exigencia de autorización judicial en el ingreso de los menores, establecer catálogos detallados de infracciones y sanciones, "con especial regulación de la separación de grupo", y facilitar mecanismos para la formulación de quejas.

También, propone reglamentar las medidas de contención física, mecánica o de aislamiento, "con clara definición de su carácter puntual y su naturaleza terapéutica o preventiva, nunca sancionadora", y garantizar que el recurso a la fuerza sea siempre la última opción y que se rija exclusivamente en criterios de seguridad, nunca represivos y con la intensidad "mínima necesaria".

Respecto al informe del Defensor, la Fiscalía considera que debió contextualizar que los hechos descritos se limitaban a un grupo de centros, porque pudo provocar "una impresión de maltrato institucional generalizado" que "no se corresponde con la realidad detectada por los fiscales".

Sobre los casos de suicidios, señala que "son muchos los factores" que pueden conducir al joven a acabar con su vida, pero que "no pueden achacarse directamente a las condiciones de los centros que les acogen, a veces tras dramáticas historias de abandono, marginalidad, abuso y maltrato".

"No obstante y aun tratándose de hechos aislados", añade el informe, "implica, como mínimo, un fracaso en la detección del riesgo y un déficit de los deberes de cuidado y vigilancia profesionales".

Respecto a la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, que cumplirá en breve diez años de su entrada en vigor, la fiscalía expone distintas deficiencias de medios humanos y materiales.

Considera que se ha creado una "innecesaria alarma social" en torno a la problemática de la delincuencia protagonizada por los menores de catorce años.

"Buen número" de fiscalías destacan que alguna de las formas tradicionales de conductas de acoso, amenazas, vejaciones, se realizan cada vez más a través de internet, las redes sociales o teléfonos móviles en los que se graban agresiones que luego se "cuelgan" en la red, indica la memoria.

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