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La Fiscalía recurre ante el TS el archivo de la causa contra Camps

También solicita que se investiguen las contratas de Orange Market y que se continúe con la tramitación de diligencias para esclarecer los hechos

Actualizada Jueves, 1 de octubre de 2009 - 19:28 h.
  • AGENCIAS. Madrid

La Fiscalía ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) el archivo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) de la causa por un supuesto delito de cohecho que se tramitaba contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y otros cargos del PP en relación con la trama Gürtel. Además, la Fiscalía también solicita que se investiguen las contratas de Orange Market y que se continúe con la tramitación de diligencias para esclarecer los hechos, de las que podrían derivarse nuevas imputaciones.

El escrito, firmado por el fiscal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos, considera que el sobreseimiento libre de este caso --acordado el pasado 3 de agosto-- fue "improcedente por prematuro". Y es que la investigación continuaba abierta y podía aportar datos nuevos acerca de las dádivas investigadas y los concretos actos de contratación realizados por parte de la Administración Pública valenciana a la empresa Orange Market, ligada a la red de Francisco Correa.

"El elenco de figuras de cohecho recogidas en el Código Penal no permite descartar que de las diligencias pendientes de practicar (entre las que es de especial importancia el examen y análisis de la documentación intervenida) resulte la alteración del delito que finalmente se impute" tanto a Camps como al resto de los inicialmente investigados, señala

el Ministerio Público. A su, este sobreseimiento libre de las actuaciones vulneró el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, pues al no ser provisional, impide reabrir la causa si aparecen datos nuevos.

En el texto, el fiscal también recuerda que este procedimiento deriva de una causa "enormemente compleja" --en alusión al caso Gürtel, que se investiga también por el Tribunal Superior de Madrid y el propio Supremo--. Además, se ha recogido un ingente volumen de documentación de distintos registros, incluida la sede de Orange Market. "No resulta ilógico" pensar que en la sede de la empresa de Correa pudieran encontrarse documentos relevantes para los hechos investigados en el procedimiento" señala.

Interpretación errónea de cohecho

En otro de los motivos de su recurso, el fiscal del TS defiende que el órgano valenciano realizó en este caso una interpretación errónea del tipo penal de cohecho. La interpretación realizada en su día por la Sala -- que consideró que no había cohecho al no existir dádiva inmediata-- supone, según el fiscal, derogar tácitamente el propio artículo 426 "lo que conllevaría a la atipicidad de la admisión de regalos por funcionarios o autoridades, cualesquiera que fuera el valor de aquéllos, si no constara la realización de un acto concreto". Además, tanto la jurisprudencia como el legislador mantienen el criterio contrario.

Además, según esta parte, la decisión del TSJV perjudicó al bien jurídico protegido, consistente en que los funcionarios ejerzan sometidos exclusivamente al imperio de la Ley, "especialmente en supuestos como éste, en el que consta acreditada una contratación superior al millón de euros anuales entre la administración pública a la que pertenecen los imputados y las empresas de los particulares que habrían entregado las dádivas". En este sentido agrega que la experiencia demuestra que en muchas ocasiones la dádiva no tiene por objeto una contraprestación inmediata por parte del receptor.

La Fiscalía también se refiere al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, del que señala que las dádivas le pudieron ser igualmente entregadas "en relación con la contratación entre Orange Market y ese partido", aunque debe tenerse en cuenta que también ostenta la condición de autoridad como miembro del Parlamento valenciano.

Ante toda esta situación, el Ministerio Público califica de "llamativo" que el tribunal valenciano pareciera ignorar en su auto las competencias del secretario general en materia de contratación en el Partido Popular. "En este sentido, la situación relevante del señor Costa en el PP sería exactamente igual que la que pudiera predicarse de los señores Camps, Campos y Costa en la Generalitat Valenciana".


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