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El Delegado en Baleares niega que diera órdenes ilegales

Actualizada Jueves, 13 de agosto de 2009 - 03:59 h.
  • EFE Y COLPISA. MADRID

El delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, manifestó ayer que no dio "ninguna instrucción ilegal" al indicar que los detenidos en el llamado caso Palma Arena no debían ir esposados en su traslado, sino que atendió a la "ausencia de peligrosidad y escaso riesgo de fuga" de los arrestados.

E l delegado del Gobierno explica en una nota la orden que dio de no esposar a los cinco arrestados en la operación Espada por la presunta trama de corrupción en la construcción del velódromo Palma Arena, entre ellos dos ex altos cargos del PP, cuando fueran conducidos desde la comisaría a los Juzgados y señala que tuvo en cuenta "la notoriedad" del caso y "la personalidad de los detenidos".

Escaso riesgo de fuga

El comunicado destaca la "ausencia de peligrosidad" de los detenidos, "el escaso riesgo de fuga y las consecuencias que sobre sus derechos fundamentales podría tener una u otra manera de conducción", elementos que "permitían que la misma se hubiera realizado sin esposamiento".

Entre los detenidos figuraban el ex director general de Deportes balear José Luis Ballester y el ex presidente en funciones de la junta del consorcio del Palma Arena y actual portavoz del PP en Palma, Rafael Durán. "Al dar esta instrucción al Jefe Superior de Policía no se conculcaría la capacidad de decisión de los agentes responsables por parte del Delegado, ya que éste se limitó a instar al Jefe Superior sobre la aplicación proporcionada de la instrucción de la Secretaria de Estado de Seguridad", dice el comunicado.

Socías recordó que la instrucción 12/2007 indica sobre el uso de esposas que "el agente que practique la detención o conducción, en atención a factores como las características del delito o la actitud del detenido, podrá valorar si aplica o no la medida para incrementar la discreción y no perjudicar la reputación del detenido".

La postura del SUP

El delegado del Gobierno calificó de "incomprensible cambio de actitud" la petición formulada por el Sindicato Unificado de la Policía, de que dimita o sea cesado por dar una "orden ilegal" al pedir que los detenidos no fueran esposados.

Socías señala que el SUP había expresado su indignación por la forma en que se realizó la misma, considerando que "se vulneraron los derechos de los detenidos".

Un informe interno del mayoritario SUP defendió el trato dado a los arrestados y criticó a la clase política por la instrumentalización que se ha hecho del caso.

El colectivo rechazó cualquier sanción a los agentes implicados y recordó que se han aplicado los criterios de siempre, "sin haber recibido por ello reproche alguno".

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