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El SUP pide la dimisión de Socías por dar la orden "ilegal" de no esposar a los detenidos del caso Palma Arena

El comisario de Seguridad Ciudadana de Baleares ha asumido la responsabilidad de haber roto la cadena de mando

Actualizada Miércoles, 12 de agosto de 2009 - 17:47 h.
  • AGENCIAS. Palma de Mallorca

El Sindicato Unificado de Policías (SUP) ha solicitado la dimisión del Delegado del Gobierno en las Islas Baleares, Ramón Socías, al entender que éste emitió una orden "ilegal" cuando pidió que los arrestados por el caso Palma Arena fueran conducidos hasta las dependencias judiciales sin ser esposados. El sindicato señala en su informe que trasladar a los detenidos con esposas es un procedimiento habitual en la comunidad autónoma, "principalmente cuando hay un aglomeración de personas".

El secretario de Prevención de Riesgos Laborales del Sindicato Unificado de Policías, Alfonso Alaiz, explicó que la asociación ha elaborado un informe sobre las condiciones en las que fueron trasladados los cinco detenidos por el caso Palma Arena, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafa Durán; el ex director general de Deportes en la anterior legislatura, José Luis Pepote Ballester; el ex gerente del recinto deportivo, Jorge Moisés; el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miquel Romero; y el jefe de la UTE de las obras de la infraestructura, Miguel Ángel Rodríguez.

El informe critica que la orden que emitió el Delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, de "no dar espectáculo" y que no fuesen esposados está "fuera de toda norma", por lo que solicitó su dimisión o cese. "Dando esta orden se está ofreciendo beneficios a determinados arrestados incumpliendo el protocolo", explica el escrito. El comisario de Seguridad Ciudadana de Baleares ha asumido la responsabilidad de haber roto la cadena de mando.

Alaiz defendió que los policías facilitaron ropa y tomaron medidas para garantizar la intimidad de los arrestados, cumpliendo así lo dispuesto en una instrucción del protocolo de la Secretaría de Estado de Seguridad. Sin embargo, lamentó que no hubiese suficiente personal para conducir a los cinco presuntos implicados a los Juzgados de Vía Alemania, cuando la normativa estima que debe haber un policía por cada uno de ellos.

En cuanto a que los agentes esposaran a los detenidos "derecha con derecha", modo de engrilletamiento que provoca que caminasen con mayor dificultad y que no pudieran esconder las manos de los medios de comunicación, Alaiz manifestó que se trata de un procedimiento habitual en el archipiélago porque permite que los detenidos vayan más controlados y velar por su seguridad "principalmente cuando hay una aglomeración de personas". Este fue el caso del sábado pasado cuando numerosos medios de comunicación se agolpaban a las puertas de los Juzgados. Por eso, el representante sindical asegura que las acusaciones de Socías son "tajantemente mentira" porque su objetivo no era generar "expectación mediática" y "exponerlos públicamente ante los medios".

Órdenes ilegales

Según el informe del SUP, las órdenes en cadena que el delegado del Gobierno transmitió al Jefe Superior de Policía, comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, al inspector jefe del Grupo de conducciones, al subinspector, al oficial y por último a los policías, son "ilegales" por contradecir a la Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre personas detenidas o bajo control policial. Este apartado relata que el policía debe decidir, en función de las circunstancias, la forma de realizar el traslado, respetando siempre los derechos de las personas bajo custodia policial, por lo que exigió la dimisión o el cese de Socías.

Además, solicitan que se abra una investigación sobre el cargo que autorizó el acceso de los medios de comunicación al interior del párking para que captaran imágenes de los detenidos. Así, pidió al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía o el juez Decano de Palma que investiguen al responsable "que sin duda es del ámbito del Ministerio de Justicia". Del mismo modo, considera también responsables a aquellos que "no han establecido un protocolo de traslado de detenidos garantista, dejándolo al albor de decisiones policiales personales o de la voluntad de los responsables políticos".


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