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SOCIEDAD

La comarca de Garoña rechazará acoger un cementerio nuclear si cierra la central

El Ayuntamiento del Valle de Tobalina critica que nadie se ha dirigido a los afectados "para ofrecer alternativas económicas"

Actualizada Martes, 23 de junio de 2009 - 04:00 h.
  • EFE. BURGOS

El Ayuntamiento del Valle de Tobalina, donde está la centra de Garoña, defenderá en los tribunales la continuidad de la central nuclear si el Gobierno decide su cierre. Además, celebrará un pleno en los próximos días para cerrar cualquier posibilidad de que en la zona se instale un Almacén Temporal de Residuos Nucleares de Alta Actividad.

Así lo aseguró el alcalde, Rafael González, quien explicó que el Ayuntamiento en una próxima sesión plenaria va a dejar constancia de su negativa a acoger un almacén de residuos radiactivos.

En este sentido ha recordado que Enresa es la empresa encargada de convocar un concurso público para un almacén temporal de residuos radiactivos al que se podrán acoger todos los municipios interesados en albergar una instalación de esta actividad.

El Valle de Tobalina, según ha señalado su alcalde, no tiene ningún interés en este tipo de instalación y para que quede claro, en contra de la hipótesis de que pueda albergar un almacén de residuos, se plasmará la negativa en un acuerdo plenario del Ayuntamiento.

Asimismo señaló que si el Gobierno decide cerrar la planta de Garoña el Ayuntamiento del Valle de Tobalina exigirá la salida inmediata de los residuos radiactivos de la zona y no concederá ninguna autorización para su almacenamiento.

Recurso de Greenpeace

González calificó de "demencial" pretender cerrar la planta sin que nadie se haya dirigido a los municipios afectados para arbitrar un "plan alternativo" económico y social. En este sentido, recordó que se trata de una industria que genera cerca de un millar de puestos de trabajo y supone importantes ingresos económicos para los municipios del entorno.

Mientras, Greenpeace también ha anunciado que recurrirá a los tribunales, en este caso, para solicitar la anulación del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La asociación ecologista explicó que está preparando un recurso contra el CSN porque, durante el proceso de redacción del informe, este organismo no ha garantizado el derecho al acceso a la información y participación del público. Greenpeace recuerda que según la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo y el Convenio de Aarhus, entre otras normas, las organizaciones ecologistas tienen derecho a exigir al Ministerio de Industria que ponga en marcha el llamado "trámite de Audiencia" que permite a los interesados presentar alegaciones. "Es fundamental que las actuaciones del CSN cuenten con la necesaria credibilidad y confianza", explicó Greenpeace.

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  • NO AL CIERRE.uno del valle

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