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El Gobierno deberá solucionar la situación de 13 secretarios con plaza

TRAS UN CONCURSO DE TRASLADOS, LA MAYORÍA NO PUDO TOMAR POSESIÓN, YA QUE TODO SE PARALIZÓ A LA ESPERA DE LA SENTENCIA

Actualizada Sábado, 13 de junio de 2009 - 03:59 h.
  • BEATRIZ ARNEDO . PAMPLONA .

El Gobierno tiene que resolver la situación de los secretarios con plaza en propiedad que, tras un concurso de traslados, no pudieron tomar posesión de los destinos que se les adjudicaron, ya que el Ejecutivo detuvo todo el proceso a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Los secretarios con puesto fijo eran los primeros en poder optar a una de las 58 plazas que se iban a cubrir. Sólo después podían optar los interinos que habían conseguido la habilitación como secretarios, proceso anulado ahora por el Tribunal Constitucional (TC). 13 secretarios con plaza en propiedad optaron a uno de esos puestos, y se les adjudicó por orden foral en diciembre de 2005. Pero también para ellos se detuvo el proceso a la espera de la sentencia del TC. En este tiempo, dos de ellos se jubilaron, pero al menos tres consiguieron tomar posesión en su nuevo destino.

El origen del problema

La causa del elevado índice de interinidad entre los secretarios e interventores municipales tiene su origen en los años 80. El 29 de enero de 1980, un acuerdo del Parlamento Foral resolvió que los ayuntamientos o agrupaciones de municipios de menos de 1.000 habitantes no podrían cubrir sus plazas de secretario con carácter fijo, hasta que no se llevara a cabo una "reestructuración de agrupaciones forzosas de ayuntamientos para servirse de un solo secretario". Mientras, esas plazas se cubrían con carácter de interinidad. Pasados diez años, esa reestructuración no se había hecho. La ley de la Administración Local de Navarra de 1990 reguló el acceso a la condición de secretario mediante las correspondientes pruebas, pero dejó en suspenso la realización de esos concursos hasta la "definitiva reestructuración" del mapa local. Las vacantes se seguían cubriendo mediante contratación temporal. La ley de 2004 que actualiza el régimen local intentó solventar el problema, pero tras la sentencia del TC el Ejecutivo deberá buscar otra solución.

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