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Una sola transferencia de competencias en los últimos nueve años

EL DESARROLLO DEL ESTATUTO Y LA LUCHA CONTRA ETA HAN SIDO LOS ASUNTOS MÁS DELICADOS EN LA RELACIÓN CON EL GOBIERNO CENTRAL

Actualizada Martes, 5 de mayo de 2009 - 03:59 h.
  • COLPISA. VITORIA

El País Vasco ha soportado una larga sequía de transferencias. Desde 1999 a diciembre de 2008 sólo se acordó la cesión de la competencia de investigación, desarrollo e innovación, y fue posible por el respaldo del PNV a los Presupuestos del Estado para 2009. El Gobierno, tanto en la etapa de Aznar como en la actual, ha achacado este vacío a la nula voluntad del nacionalismo para desarrollar el Estatuto de Gernika, un marco normativo que el PNV, a su vez, dio por agotado hace muchos años por la, a su juicio, racanería de la administración central para ceder nuevas competencias.

La realidad es que de acuerdo a la contabilidad del Gobierno vasco quedan por transferir 36 materias recogidas en el estatuto, algunas tan relevantes como la gestión de la Seguridad Social, a la que siempre se ha opuesto el Ejecutivo de Madrid porque rompería el principio de caja única del sistema, y Prisiones, cuya cesión también está vetada desde la administración central. Queda por negociar la gestión de los puertos y aeropuertos o los trenes de cercanías, terrenos donde el acuerdo es factible.

El asunto más delicado, pero en el que es más fácil avanzar, es en la lucha contra ETA. Siempre se ha manejado con sordina, pero era un secreto a voces en el Ministerio del Interior el malestar por los escasos éxitos de la Ertzaintza contra los comandos etarras y el entorno de la banda.

En los últimos cinco años, la policía autonómica, pese a ser una de las de mayor presencia entre la población -hay siete agentes por cada mil habitantes, el doble de la media española- no practicó detenciones relevantes y sólo el 1 de marzo, el día de las elecciones, desarticuló de forma parcial un grupo operativo responsable de varios de los últimos atentados en Guipúzcoa.

La "Ertzaintza" ha negado en todo momento las acusaciones de pasividad y achacó la escasez de resultados a la imposibilidad de acceder a la información que manejan los países del acuerdo de Schengen por la negativa del Gobierno central a facilitar el acceso a esos datos.

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