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LIBROS NAVARROS | POR JOSÉ MARÍA DOMENCH

Un trabajo esclarecedor

Actualizada Lunes, 27 de abril de 2009 - 04:00 h.

E STA nueva obra de Víctor Manuel Arbeloa -en esta ocasión documentado historiador- es una digna hijuela de la voluminosa colección, editada por la Abadía de Montserrat, sobre el archivo del cardenal tarraconense Francisco Vidal y Barraquer, estudio realizado al alimón con el jesuita y académico, ya fallecido, Miquel Batllori entre 1968 y 1991, bajo el título de Arxiu Vidal i Barraquer: Església i Estat durant la Segona República Espanyola, 1931-1936..

E STA nueva obra de Víctor Manuel Arbeloa -en esta ocasión documentado historiador- es una digna hijuela de la voluminosa colección, editada por la Abadía de Montserrat, sobre el archivo del cardenal tarraconense Francisco Vidal y Barraquer, estudio realizado al alimón con el jesuita y académico, ya fallecido, Miquel Batllori entre 1968 y 1991, bajo el título de Arxiu Vidal i Barraquer: Església i Estat durant la Segona República Espanyola, 1931-1936.

La difusión de esta monumental obra ha sido reducida, pero los estudiosos de las relaciones de la Iglesia y el Estado durante la Segunda República deben acudir a sus fuentes para estudiar con objetividad esa época tan conflictiva y en la cual la Iglesia española sufrió duros reveses, desde el mismo momento en que se promulgó la Constitución de 1931 y, sobre todo, cuando la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas usurpó los derechos de la Iglesia sobre su patrimonio y, lo que es más grave, sobre su obligación de soporte y referencia espiritual de los ciudadanos católicos en lo que atañe al matrimonio, a la educación y a otros temas fundamentales. Los nuevos estudiosos cuentan además en este momento con la documentación ya accesible de los archivos secretos vaticanos sobre este crucial periodo.

En esta convulsa época, el cardenal Vidal y Barraquer -el de mente clara y animoso corazón- desarrolló todas sus dotes negociadoras como representante máximo del Episcopado español en busca de una concordia ofrecida con insistencia evangélica, pero no correspondida por las autoridades de la República, que lejos de acercar las posiciones enfrentadas, se dejaron llevar por las posturas más radicales de sus miembros más declaradamente anticlericales. El cardenal de Tarragona contó siempre con la ayuda, para todas sus negociaciones, del arzobispo de Sevilla, cardenal Eustaquio Ilundain, y asimismo del nuncio apostólico en Madrid, el arzobispo Federico Tedeschini. Pero también tenía sus oponentes dentro del Episcopado.

Los apéndices

Si la lectura de este libro se hace a veces difícil por la cantidad de datos aportados y por la necesaria síntesis de la obra mayor que le precede, muy esclarecedores resultan los cuatro apéndices que completan excelentemente el trabajo.

El primero está dedicado a la Segunda República en "un intento de síntesis" encomiable y que recomiendo al lector lea antes de abordar el grueso del trabajo. El conocedor de su historia refrescará en este apéndice unos cuantos datos sintéticos que le ayudarán en el abordaje del grueso del volumen.

El segundo apéndice reproduce íntegramente la Declaración Colectiva del Episcopado motivada por la promulgación de la laicista Constitución de 1931. Ya en el preámbulo se afirma que "en todo momento, por difícil y apasionado que fuese, la Iglesia ha dado pruebas evidentes y abnegadas de moderación, de paciencia y de generosidad, evitando con exquisita prudencia cuanto pudiera parecer un acto de hostilidad a la República". Seguidamente, en cinco apartados van desgranando los agravios del texto constitucional en lo referente a los derechos y a la libertad de la Iglesia sobre el matrimonio canónico, la educación religiosa, etc.

El tercer apéndice acoge la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, que, aunque de rango menor, atropella derechos constitucionales y desarrolla un articulado del más rancio anticlericalismo, arrollando el derecho público español e internacional, y tratando a la Iglesia española como un coto privado del Gobierno, desligada de su pertenencia a la Iglesia universal, católica.

Por último, el cuarto apéndice recoge la Declaración del Episcopado con motivo de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, dada en la festividad de la Ascensión del Señor, el 25 de mayo de 1933, y que se inicia con un lenguaje inequívoco: "Promulgada la Constitución de la República, el Episcopado español, en su declaración colectiva de diciembre de 1931, expuso el hondo sentir de la Iglesia ante los excesos del Estado, violadores de la conciencia católica y de los derechos confesionales, elevó a los gobernantes serenos ruegos y pacificadoras advertencias, que debieran haber enfrenado toda tendencia de sectaria persecución, y dictó normas prácticas a los católicos, a fin de responder a una legislación injusta con acción eficaz de pura religiosidad y actitudes rectas de acendrado patriotismo". Expone a continuación pormenorizadamente todos los atropellos de la Ley y, finalmente, "proclama su hondo pesar por la presentación, voto y aprobación de esta ley, declarando que nunca podrá ser alegada contra los derechos imprescriptibles de la Iglesia".

La Iglesia buscó la concordia, pero la Segunda República la desdeñó. Las dramáticas consecuencias las conocemos todos y aún las sufrimos.

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Arbeloa, en 2006, en la presentación de otro de sus libros. ARCHIVO


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