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La comisión de espionaje exculpa al Gobierno de la Comunidad de Madrid

Así lo recoge el dictamen aprobado, propuesto por el PP, frente a los presentados por PSOE e IU

Actualizada Lunes, 16 de marzo de 2009 - 19:37 h.
  • AGENCIAS. Madrid

La Comisión de Investigación sobre el supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy el dictamen propuesto por el PP -que exculpa al Gobierno regional de responsabilidad-, frente a los informes del PSOE e IU, que señalan a Esperanza Aguirre como "máxima" responsable y exigen el cese del consejero Francisco Granados.

El dictamen del PP, de 62 páginas, ha sido aprobado por 67 votos a favor y 53 en contra, en una sesión en la que la oposición ha vuelto a criticar el cierre anticipado de la comisión y el PSOE ha confirmado que pedirá amparo al Tribunal Constitucional.

La principal conclusión del dictamen aprobado es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "ni ha ordenado, ni ha amparado, ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos o a cualquier persona".

También considera que la Comisión de investigación "no tiene elementos de juicio para determinar el origen de las informaciones aparecidas en el diario 'El País'" y "confía en el total esclarecimiento de los hechos a través de las actuaciones judiciales en curso".

El PSOE, en cambio, ha presentado un informe, de 78 folios, que concluye que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, es la "máxima responsable política del asunto" y considera "responsable directo" al consejero Granados, por lo que exige su "cese inmediato".

Los socialistas se basan en las informaciones de "El País" y en las declaraciones de las víctimas de espionaje para dar por "acreditada la existencia de una o varias tramas de espionaje vinculadas o relacionadas con cargos políticos, de confianza o empleados públicos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior".

A su juicio, "El País" aporta "pruebas irrefutables" de que la trama o tramas están "vinculadas a la administración autonómica" y "relacionadas con las peleas internas por el control político o económico del PP".

También IU ha concluido que "ha habido espionaje" y que una "actuación de este calado no se circunscribe al ámbito de una Consejería y no puede hacerse sin el respaldo de la máxima autoridad del Gobierno regional, la señora Aguirre, que por acción u omisión tiene responsabilidad en todos los hechos que afectan al Gobierno regional".

En su informe, de 62 páginas, argumenta que el espionaje está "localizado en la Consejería de Presidencia e Interior (hoy Presidencia, Justicia e Interior), donde existe personal y estructuras que no responden a ninguna de las competencias asignadas en el Estatuto a la Comunidad en materia de seguridad y desde donde se han efectuado las actuaciones irregulares", por lo que pide la dimisión de Granados.

Los dos grupos de la oposición han incluido en sus informes -que elevarán al pleno de la Cámara en forma de votos particulares- una serie de recomendaciones dirigidas a reabrir la comisión, reordenar la estructura de la Consejería y reformar el funcionamiento y composición de las comisiones de investigación.

Tras la aprobación del dictamen, la portavoz del PSOE, Maru Menéndez, se ha mostrado convencida de que Esperanza Aguirre utilizó la creación de esta comisión para "engañar" al presidente de su partido, Mariano Rajoy, y tener el "control absoluto" del asunto del espionaje, ya que "no le interesaba nada que esa investigación quedara bajo el ámbito de la dirección nacional del PP".

Por su parte, la portavoz de IU, Inés Sabanés, ha aseverado que el propio Gobierno regional se ha "autoinculpado" con su "estrategia de desmentir, en lugar de aclarar".

Para el 'popular' David Pérez el dictamen del PSOE es una "muestra de su deriva antisistema" y "que Maru Menéndez se presente como una víctima de vulneración de derechos, cuando lleva meses calumniando y mintiendo y ha sido incapaz de probar sus acusaciones y sus mentiras, es el colmo de la desorientación absoluta".

Previsiblemente, el pleno de la Asamblea ratificará el dictamen el próximo miércoles, día 18, aunque el grupo socialista ha impugnado el orden del día, mientras que IU y el PP intentan adelantar el horario de ese debate, que podría celebrase sobre las 23.00 horas.

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