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TRIBUNALES

Una promotora tendrá que pagar 445.000 euros a un ex senador por sus gestiones

No ve incompatibilidad en las gestiones para instalar un centro de ocio en Barañáin en 1998 con su cargo público

Actualizada Miércoles, 4 de febrero de 2009 - 04:00 h.
  • GABRIEL GONZÁLEZ . PAMPLONA

La promotora Río Center ha sido condenada a pagar 445.349 euros y la entrega del 3% de su capital a José Ignacio López Borderías, senador de UPN entre 1996 y 2000, como contraprestación a las gestiones que realizó en 1998 para instalar en Barañáin un centro comercial y de ocio. El juzgado de Primera Instancia nº 1 de Pamplona ve probado que existía un contrato privado entre la promotora y la empresa privada de López Borderías, y que su actividad era compatible con su cargo público.

El fallo es recurrible.

En el juicio, celebrado en octubre, el promotor aseguró que López Borderías (consejero de Obras Públicas de 1991 a 1995) se ofreció a ayudarle desinteresadamente "por el bien de Navarra", y que fue después, "por presiones políticas", cuando le dijo que necesitaba un contrato. El ex senador, por el contrario, sostuvo que se trataba de una relación contractual con su empresa, Ingest. "No se dirigió a mí como político", declaró. El centro no se llevó a cabo y en 2006 López Borderías reclamó el pago de sus prestaciones.

No son incompatibles

El contrato firmado por ambas partes en 1998 contemplaba que Ingest prestaría funciones como asesoramiento, gestión, intermediación en la compra de terrenos y contratación de estudios. La promotora consideraba nulo este contrato por ser incompatible con el cargo de senador. El juez puntualiza que la Comisión de Incompatibilidades del Senado autorizó en 1996 a López Borderías su actividad privada con Ingest. Y tras examinar las actividades del demandante, concluye que no se encuentran dentro de las conductas que la ley contempla como incompatibles. Actuaciones como entrevistarse con miembros del Gobierno de Navarra, negociar con el Ayuntamiento de Barañáin y tramitar el proyecto ante el Ejecutivo foral para la obtención a favor de la promotora de la licencia comercial específica, añade la sentencia, no incurren en incompatibilidad. La ley, detalla el juez, considera incompatibles las gestiones ante organismos públicos respecto a asuntos que hayan de resolverse por ellos, pero exige "que afecten directamente a la realización de algún servicio público o que estén encaminadas a la obtención de subvenciones o avales públicos". Y el juez entiende que estas "circunstancias no concurren" en la actividad autorizada a López Borderías.

Río Center sostenía que pretendía "utilizar y aprovechar los contactos y relaciones que le brindaba López Borderías para agilizar y asegurar el éxito del proyecto". El juez no ve delito de tráfico de influencias en la actuación del ex senador. Lo argumenta en que no se han presentado pruebas al respecto, y porque del examen de sus actuaciones no se desprende "el más mínimo indicio de que la intervención tuviera por finalidad prevalecerse de su condición de autoridad para influir sobre otros funcionarios o autoridades y conseguir una resolución que reportara un beneficio económico ni directo ni indirecto ni para sí ni para tercero".

Sobre la afirmación de la promotora de que el contrato era una mera formalidad para que López Borderías "tuviera una justificación documental dada su implicación política", el juez sentencia que "tal pretensión no puede prosperar", puesto que el ex senador ya había obtenido la autorización por el Senado. Consta probado, continúa, que López Borderías "realizó las prestaciones a que se comprometía de acuerdo con lo estipulado en el contrato". Y añade que su remuneración no dependía de que el proyecto fuera implantado.


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