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PAMPLONA

Las 10 claves de la cárcel de Santa Lucía

Desde que se eligió su ubicación, en septiembre de 2004, el proyecto ha acumulado numerosas denuncias y críticas

Actualizada Viernes, 23 de enero de 2009 - 04:00 h.
  • A.O. . PAMPLONA

La apertura de una zanja que bordea la parcela que ocupará la futura prisión de Pamplona es el último capítulo del enfrentamiento que mantienen el Ministerio de Interior y el Ayuntamiento de Pamplona. En el Consistorio de la capital no se ha recibido siquiera un aviso del inicio de los trabajos previos a la construcción de la cárcel. Además, tampoco se han iniciado los trámites para modificar el Plan Municipal y cambiar el uso del suelo.

1. El proyecto. El nuevo centro penitenciario de Pamplona ocupará una parcela de 191.491 metros cuadrados, de los que 33.000 se destinan a edificio. De forma rectangular, el recinto es un núcleo formado por 8 edificios residenciales que cubren todas las necesidades. En la parte exterior se sitúa un aparcamiento, un primer puesto de control y el centro de inserción social con 50 habitaciones. La inversión prevista es de 85 millones de euros y durante la construcción trabajarán en ella 650 personas. Una vez en marcha, estarán destinados unos 250 funcionarios, además de 50 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

2. Santa Lucía. Los terrenos elegidos para la cárcel suman un total de 191.491 metros cuadrados en la colina de Santa Lucía, a medio camino entre el barrio de San Jorge y Berriozar. Las parcelas ocupadas suponen una quinta parte del total de la colina. El suelo está catalogado como forestal natural en el Plan Municipal, y como suelo "no urbanizable de preservación" en las Normas Urbanísticas Comarcales. Por ese motivo, el Ayuntamiento entiende que la construcción de la cárcel en este lugar obliga antes a modificar el planeamiento.

3. Los propietarios. Las 48 parcelas afectadas por la nueva cárcel pertenecen a 25 propietarios entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Pamplona. A todos ellos la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Siep) les hizo llegar en marzo de 2007 una oferta de compra por 8 euros/metro cuadrado de terreno. Tras considerar como "inadmisible" el precio, crearon una comisión para alcanzar un acuerdo, aunque finalmente el Gobierno central optó por la expropiación forzosa.

4. El Ayuntamiento. El consistorio pamplonés no puso pegas inicialmente a la construcción de la cárcel en su término municipal. De hecho, en una sesión plenaria en noviembre de 2005, UPN, PSN y CDN apoyaron esa localización. Las diferencias comenzaron dos años más tarde, cuando el Ministerio de Interior adjudicó la redacción del proyecto sin tener en cuenta que el terreno elegido continuaba figurando en el Plan Municipal como una reserva paisajística. La alcaldesa envió una carta al ministro de Interior para censurar su actuación y manifestarle su "inquietud" por haber relegado al Ayuntamiento y no haber tenido en cuenta la necesidad de modificar el Plan Municipal y de justificar la idoneidad de la ubicación. A partir de aquel momento el Ayuntamiento no ha hecho sino insistir en estos dos aspectos que desde Madrid se han incumplido y a los que se han sumado otros nuevos con el paso de los meses.

5. Instituciones Penitenciarias. Integrada en el Ministerio de Interior, de su Secretaría General dependen todas las prisiones españolas. Fueron los técnicos de esta entidad los encargados de elegir, entre los nueve emplazamientos seleccionados por el Gobierno de Navarra, el de Santa Lucía por considerarlo como el más idóneo para ubicar la nueva cárcel. Posteriormente, Instituciones Penitenciarias y el Gobierno de Navarra definieron las características que tendría la nueva prisión, entre ellas que la capacidad máxima sería de 504 plazas. Los siguientes pasos los ha dado la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Siep), dependiente de la Secretaría General y encargada de construir y equipar las prisiones. Siep ha convocado ya tres concursos relacionados con la cárcel: el del proyecto, el de las canalizaciones de redes y el de los movimientos de tierras y drenaje, pero sólo los dos primeros se han adjudicado.

6. El Gobierno de Navarra. Fue el encargado de elaborar una lista con las posibles ubicaciones de la nueva cárcel. Los nueve emplazamientos estaban en los alrededores de Pamplona y uno de ellos, el de Santa Lucía, en el mismo término municipal de la capital. Una vez elegido, en septiembre de 2004, el consejero de Interior, Javier Caballero, y el entonces ministro José Antonio Alonso firmaron un protocolo de intenciones en el que el Gobierno navarro se comprometía a redactar un plan sectorial de incidencia supramunicipal y a poner a disposición de Madrid los terrenos. Inicialmente el Gobierno de Navarra intentó comprar los terrenos de Santa Lucía con las plusvalías que iban a generar los terrenos de la vieja prisión, pero el Ayuntamiento de Pamplona reclamó la propiedad de estos. En febrero de 2006 el presidente Miguel Sanz anunció su intención de no perder un minuto discutiendo con el Ayuntamiento este asunto y lanzó la pelota al tejado del Ministerio de Interior, al que adjudicó en exclusiva la competencia de negociar todo lo relacionado con la cárcel. La paralización del expediente llevó finalmente a Instituciones Penitenciarias a expropiar los terrenos en 2007.

7. Varios cambios. La redacción del proyecto se adjudicó a la firma navarra TYM Asociados en febrero de 2007. Sin embargo, en verano pasado este equipo decidió retirarse y el proyecto pasó a manos del arquitecto, José Julio Díaz y Moreno. Además, el proyecto inicial tuvo que modificarse para no afectar al yacimiento arqueológico del final de la Edad del Bronce que existe en Santa Lucía, el más antiguo de los localizados hasta ahora dentro del término municipal de Pamplona.

8. Los trámites evitados. Conforme el Ayuntamiento de Pamplona ha pedido a Instituciones Penitenciarias que cumpliera todos y cada uno de los trámites urbanísticos necesarios para una infraestructura de este tipo, la entidad dependiente del Ministerio de Interior los ha solventado a posteriori o, simplemente, los ha evitado. El primero y más importante de los trámites tiene que ver con la necesidad de modificar el Plan Municipal, puesto que en estos momentos contempla a Santa Lucía como "suelo forestal natural" y, por lo tanto, no se podría edificar. Para solucionar el trámite, el Congreso de los Diputados aprobaba a finales del año pasado, con el apoyo socialista, una enmienda a los presupuestos por la que se otorga a todos los centros penitenciarios la consideración de "obras de interés general". El texto de la enmienda no ocultaba que el objetivo era "la exclusión de ciertos controles preventivos ejercidos por otras administraciones públicas", en referencia a los ayuntamientos. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Pamplona hacían de nuevo trabajar al Gobierno de Madrid en noviembre, cuando el Consejo de Ministros se vio obligado a excluir a las prisiones de Pamplona y Álava de un trámite hasta entonces imprescindible, el estudio de impacto ambiental que ya le había solicitado la Gerencia de Urbanismo del Consistorio.

9. Los retrasos. Con todos estos inconvenientes, las obras de la cárcel no se han iniciado en ninguna de las fechas anunciadas: ni a finales de 2007, ni en el primer semestre de 2008. La de Pamplona se incluyó con otras once nuevas prisiones en el Plan de Centros Penitenciarios que Interior anunció en 2005 y varias de ellas ya han comenzado a construirse. En cualquier caso, la prisión figuró en los Presupuestos Generales del Estado del año 2006 con una partida de 2,7 millones de euros, aunque no se gastó nada. En 2007 volvía a figurar con otra partida con la que se abonó el proyecto, y en 2008 se han pagado las expropiaciones y unos estudios geotécnicos.

10. ¿Obras iniciadas? La presencia estos últimos días de varios operarios y máquinas en los terrenos de Santa Lucía, donde se ha delimitado el espacio que ocupará la prisión con una zanja, hace sospechar al Ayuntamiento que las obras han comenzado sin ni siquiera avisar.


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