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TRIBUNALES

Absueltos dos acusados de una estafa con garajes que afectó a 200 pamploneses en 1997

La Audiencia Nacional ha juzgado ahora a dos trabajadores de Building & Parking y Corporación Parkinver

Actualizada Miércoles, 17 de diciembre de 2008 - 04:00 h.
  • LAURA PUY MUGUIRO . PAMPLONA

La Audiencia Nacional ha absuelto del delito de estafa a dos cargos de dos empresas que en 1996 y 1997 promocionaron la construcción y venta de plazas de garaje en seis ubicaciones de Pamplona, recibieron unos 400 millones de pesetas de 200 pamploneses y abandonaron las obras por falta de dinero y sin fondos para devolver el dinero a los compradores.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia recuerda que el delito de estafa implica "un engaño previo o coetáneo" y dictamina que en este caso se ha demostrado que "había voluntad de cumplimiento de los contratos". Las promociones de Building & Parking y Corporación Parkinver en la capital navarra estaban en las calles Bergamín 35-37, San Fermín 37-39 y 65-67, Gayarre 26-28, Cipriano Olaso 4-6 y en la avenida de Zaragoza 57-59.

Más de 16.000 folios contenía la instrucción de esta presunta estafa que en 1997 llegó al juzgado de Baltasar Garzón porque, supuestamente, esas dos sociedades y una tercera, Grupo Fimipark, también habían cometido delito en Zaragoza, Bilbao, Guipúzcoa y Valencia. El juicio contra un delegado de Building & Parking, Juan Carlos Ayesatarán Lizaso, y el administrador único de Corporación Parkinver, Juan Ramón Aragonés Soler, se celebró en octubre. Allí debía haberse presentado un tercer acusado, el propietario de las empresas. Pero, según su familia, está desaparecido. Dos abogados han representado a 22 pamploneses. Pedían 8 años de cárcel.

Pero, al igual que la Fiscalía, la Audiencia ha estimado que no hay delito sino "un grave incumplimiento de las obligaciones contraídas por las sociedades promotoras de los aparcamientos, que generó un perjuicio notable a numerosos clientes que habían concertado la compra y abonado el precio, un ilícito civil". Para los magistrados, "ninguno de los dos acusados manejaba los fondos o disponía sobre la liquidez de las sociedades".

Y es que no han aceptado los indicios por los que las acusaciones sostuvieron que los procesados "pusieron en escena una representación para aparentar una actividad inmobiliaria con el fin de engañar a sus clientes". Así, respecto a que no compraban los locales sino que se limitaban a ocuparlos por algún título legítimo para vender las plazas y quedarse el dinero, la Sala dice que "puede ser un modo de acceso diferido a la propiedad, razonable en un proyecto de construcción y venta de plazas de garaje porque posibilita su financiación y acometimiento por una empresa con escasa capacidad inversora".

Frente a la tesis de que cobraban anticipadamente el precio de la compraventa, argumenta que es un dato que "comparece tanto en una operación lícita como en una orquestada para defraudar"; sobre que acometieron muchos proyectos a la vez, la Audiencia expone que es un elemento que "pudiera representar una de las claves del negocio, al secuenciar ingresos e inversiones, financiando unos proyectos con otros"; no realizar estudios de viabilidad "puede indicar un voluntarismo en la gestión que explicaría el fracaso".

Además, que hoy se ignore el destino del dinero sería "un defecto de la investigación" y que, a pesar de las primeras reclamaciones de compradores uno de los acusados pidiera a las delegaciones que siguieran vendiendo plazas, "una manera de obtener liquidez e intentar superar la crisis" en la dinámica de la actividad empresarial.


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