Una inspección sobre 31 perceptores de las ayudas de renta básica (expedientes considerados de riesgo) ha dado como resultado que sólo nueve beneficiarios cumplían con los requisitos legales. Otras 14 personas no cumplían los requisitos para la concesión o mantenimiento de la ayuda debido a la falta de cumplimiento del acuerdo de incorporación sociolaboral. Se trata de casos en los que, según explicó la consejera, hay situaciones de cargas familiares por las que los receptores tienen dificultades para la inserción laboral, por lo que sugirió ante los representantes parlamentarios la necesidad de estudiar esa parte de la normativa. Sólo en dos de los expedientes analizados se va a proceder a retirar o mermar la percepción de la renta social de los beneficiarios. Como conclusión, la consejera destacó que existe "un cierto porcentaje de fraude, que debe ser controlado por darse dentro de una prestación fundamental".
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