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TRIBUNALES

El juez Tirado pide al Poder Judicial que anule su sanción por el "caso Mari Luz"

Justifica el retraso de su ingreso en prisión en que su juzgado carecía de datos sobre su peligrosidad

Actualizada Martes, 28 de octubre de 2008 - 04:00 h.
  • COLPISA. MADRID

El Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla no tuvo manera alguna de acceder a los datos que hicieran pensar en la urgencia o importancia del ingreso en la cárcel del pederasta Santiago del Valle por su "especial peligrosidad".

El titular de ese juzgado, Rafael Tirado, considera que, visto ese dato, el exceso de trabajo y la escasez de medios de su juzgado explican los 26 meses transcurridos sin que lograse encarcelarlo para cumplir la condena impuesta, lapso durante el que el reo asesinó a la niña Mari Luz Cortés.

Ese el argumento principal del recurso que el juez Tirado presentó ayer contra el acuerdo de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el 10 de diciembre le impuso una multa de 1.500 euros por aquel retraso, que valoró como una falta grave.

Demora por carencias

El juez admite que tardó 26 meses en ejecutar la condena impuesta a Del Valle por la Audiencia Provincial de Sevilla en diciembre de 2005: dos años y nueve meses de prisión por agresiones sexuales a su propia hija. Pero alega que "no hay falta ni retraso en el control del caso", y atribuye la demora a las carencias informáticas de la administración de Justicia.

Recuerda que "no existe ningún registro informático que pueda interconectar, no sólo los Juzgados de la misma localidad (Juzgados de Instrucción ocho y 11 de Sevilla, donde se seguían dos causas contra el presunto asesino), sino tampoco con otras provincias (Juzgado de Instrucción de Gijón, donde se hallaba en trámite una causa penal respecto del condenado en esta causa)".

Por este motivo, añade, en el expediente disciplinario abierto contra él "late la confusión entre responsabilidad disciplinaria del juez y la responsabilidad del Estado por el funcionamiento anormal de la Justicia o de otros poderes públicos, pretendiéndose enjuiciar al magistrado con los criterios que nuestro ordenamiento reserva para la segunda", en referencia al compromiso judicial del Estado.


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