El ministro Corbacho afirma que habrá que acudir al fondo de reserva dentro de 15 años si no se adoptan reformas
Las cotizaciones de los trabajadores pagarán las pensiones públicas hasta 2023, según el último informe trianual elaborado por el Gobierno, que alarga el equilibrio financiero de la Seguridad Social ocho años más allá de la proyección realizada en 2005.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, encargado de presentar el estudio, insistió en que "la salud del sistema es excelente" y en que, sólo si antes no se adoptan reformas, dentro de 15 años habrá que acudir al fondo de reserva para evitar el déficit, "lo que no significa amenaza de quiebra, puesto que a lo largo de sus 108 años de vida, la Seguridad Social ha terminado con pérdidas en más de 80".
Las reformas que se sugieren en el informe presentado ayer apuestan por alcanzar la edad laboral de los 65 años y no promocionar las jubilaciones anticipadas, la contención de gasto en algunas de las pensiones de viudedad y por el recuento de los años cotizados en los casos de incapacidad permanente que deriven de una enfermedad.
Nuevo mapa laboral
El primer informe vio la luz en 2002 y recogía el equilibrio financiero hasta 2013/2014. Tres años más tarde el límite se alargó hasta 2015/2016. Ahora llega hasta 2023/2024. Las causas de la demora radican, sobre todo, en el aumento de la afiliación originado por la incorporación de la mujer al mercado laboral y su permanencia en él tras la maternidad y por la llegada de inmigrantes; por la ampliación de los años cotizados; y por el retraso "leve" de la edad real de jubilación, situada en los 63,66 años.
Las reformas adoptadas bajo consenso en los últimos años entre gobiernos, organizaciones empresariales y sindicales y partidos políticos también han resultado un ingrediente muy importante para ajustar los gastos --con la adopción, incluso, de subidas especiales para las pensiones mínimas--, e incrementar los ingresos. Y es en esta línea en la que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero propone trabajar.
No obstante, advirtió de que "no podemos dormirnos en los laureles", pues los nuevos afiliados de hoy, serán los nuevos pensionistas en el futuro, añadió.
Subrayó que la crisis no resta valor a esta proyección "que no es una previsión" y se hace para advertir a la legislación que es necesario modificar algunos aspectos para mantener la buena situación del sistema en el futuro.
En relación con el aumento del empleo más allá de 2010, las hipótesis actuales son mayores de las que había en 2005 y en cuanto al gasto en pensiones se mantendrán estables hasta 2020, en cuantías que se sitúan en torno del 8,5 por ciento del PIB.
Ante la ausencia de fondos
Además, según el informe, el efecto del proceso de envejecimiento se manifestará previsiblemente a partir de 2030.
Granado añadió que, llegado el hipotético caso de la ausencia de nuevos cambios, el fondo de reserva afrontaría el déficit durante cinco años, transcurridos los cuales, es decir, en torno a 2029 ó 2030 comenzarán los problemas financieros. "Así que vamos a hacer reformas para evitarlos", propuso, a la vez que se mostró tranquilo porque "hay tiempo suficiente y holgura económica para la labor que hay que desarrollar".
La confección de estos informes viene impuesta por la Unión Europea (UE), que también da las pautas para su elaboración. Los responsables de Trabajo hicieron hincapié en que en sus proyecciones se ha tenido en cuenta la evolución demográfica, el comportamiento del producto interior bruto, y el escenario de declive económico que vive el país. Para Granado el documento español será el que aporte un mejor balance.
Por su parte, Corbacho dijo que la proyección que tiene la Seguridad Social a medio y largo plazo es "muy positiva" según este informe trianual, que es el tercero que remite el Gobierno a la Comisión Europea.
A la pregunta sobre la evolución del proyecto de ley del Fondo de Reserva, el ministro dijo que el Gobierno tiene la voluntad de que cualquier reforma se discuta en el ámbito del Pacto de Toledo y de que se obtenga el máximo consenso, especialmente con el PP, y que antepondrá el pacto a "cualquier decisión de coyuntura".
Pensión mínima para 3 de 10
Según el anuario, casi tres pensionistas de cada 10 cobran el mínimo. La relación baja a dos entre los varones y supera el tres entre las mujeres. En 2007, existían 2.249.707 prestaciones de este tipo, total que dos años antes era de 2.198.168.
Las pensiones mínimas de jubilación con cónyuge a cargo se sitúan en 2008 en 658,75 euros al mes, importe que baja a 528,55 euros si el titular carece de pareja. Esta cuantía se extiende a la viudedad para mayores de 65 años, pensión que en el caso de contar con cargas familiares, sea cual sea la edad del perceptor, se eleva a 615,66 euros.
Respecto a las nuevas pensiones, el porcentaje de mínimas disminuye sobre el total de altas hasta el 20,2%. El índice se sitúa en el 10% para los hombres y sube al 31% para las mujeres.
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