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Tres de cada cuatro mujeres y niños son objeto de violencia doméstica física en Papua Nueva Guinea

La lentitud burocrática limita el efecto de las ordenes de alejamiento contra los abusadores

Actualizada Domingo, 19 de octubre de 2008 - 17:20 h.
  • AGENCIAS. Madrid

Papua Nueva Guinea registra una de las tasas de violencia física contra mujeres y niños más elevadas del mundo: según datos de UNICEF, cerca del 80 por ciento de los niños son víctimas de abuso verbal, y tres de cada cuatro mujeres y niños son objeto de violencia física.

La mayoría de las 800 tribus que componen el país viven en regiones remotas, inaccesibles, donde la tradición impone las familias expandidas y una cultura patriarcal donde las mujeres y las niñas carecen del valor que se les concede a los hombres y a los jóvenes, y dónde los niños adoptados o huérfanos atraviesan tiempos especialmente difíciles.

Los jóvenes delincuentes callejeros se encuentran también especialmente afectados por la violencia policial. Según un estudio divulgado por Human Rights Watch, tres de cada cuatro jóvenes han experimentado alguna forma de violencia policial en algún momento de sus vidas, recibiendo palizas con culatas de pistola y barras de acero. Algunos de los padres de estos jóvenes criminales se muestran especialmente partidarios de este tipo de acción disciplinaria, según UNICEF.

Refugios seguros

Muchas de las víctimas de estos abusos terminan en refugios como el que les proporciona el Centro de Apoyo a las Familias de la capital, Port Moresby, abierto en 1999 y que depende de los salarios del hospital de la principal ciudad de Papua Nueva Guinea.

UNICEF, por su parte, presta su apoyo al Comité de Acción contra la Violencia Sexual de la Familia, una ONG que entrena a grupos comunitarios por todo el país y que presta consejo en cinco centros hospitalarios provinciales.

"El Gobierno se ha comprometido a establecer Centros de Apoyo Familiares en todos los hospitales provinciales, mientras que UNICEF pretende apoyar la construcción de mini-centros en seis distritos", explicó el jefe de protección infantil de UNICEF, Bruce Grant.

Según la encargada del centro de Port Moresby, Tessi Soi, los primeros seis meses han registrado 119 casos de abuso. "Bien doméstico, bien infantil, incluso intentos de suicidio", explicó Soi a la agencia de información de Naciones Unidas, IRIN. "Cuarenta por ciento de las víctimas recurren a la sobredosis, muchas de ellas mediante medicamentos, pero algunas emplean incluso lejía, y un cuarto de los casos se refieren a niños, mucho de ellos víctimas de abusos sexuales".

El centro, que comprende cinco empleados --incluyendo a trabajadores sociales-- ofrece asistencia para traumas y abuso infantil. Los pacientes sólo pueden permanecer allí durante una noche, y entonces son trasladados a la Casa de Ruth, un centro gestionado por la ONG Misión de la Ciudad. Allí se quedan durante dos semanas, como máximo. Si no se dispone de habitaciones libres, se busca a los parientes cercanos.

Fallo del sistema

"Solemos remitir a las víctimas al departamento de Beneficencia o al Foro Individual de Derechos Comunitarios (ICRAF, por sus siglas en inglés) donde se emplea a procuradores que emiten órdenes de alejamiento, pero el sistema de beneficencia suele negar ayuda a los afectados por la falta de personal", lamentó Soi.

"Tampoco sabemos cuántas víctimas consiguen órdenes de alejamiento pero, de todas maneras, casi todas las mujeres regresan a casa aunque hayan solicitado una orden de alejamiento, o aunque ya cuenten con una. En ese momento, el ciclo de la violencia comienza de nuevo", explicó.

Port Moresby sólo cuenta con un tribunal familiar, según su principal magistrada, Noreen Kanasa, quien indicó no obstante que "se está emprendido un proceso por el que se mejorará la respuesta judicial a los casos de abuso", a través de personal bien entrenado y capacidad para manejar un gran volumen de casos.

Sin embargo, y según una consulta reciente realizada en cuatro regiones del país, "los departamentos de beneficencia se encuentran sobrecargados, y aunque las víctimas de abusos han conseguido una orden de alejamiento, muchas veces no sabían a dónde acudir".

Además, "muchos de los funcionarios no se mostraban especialmente sensibles con sus problemas, y muchas veces la víctima se encontraba sin nadie a quien presentar sus quejas", añadió Kanasa. La Policía carece de los vehículos o la gasolina necesaria para hacer su trabajo.

"Muchas de estas personas son pobres", declaró Kasa. "Si no tienen dinero para pagar a la policía, terminan yendo a su libre albedrío, entregando en persona a sus maridos la orden de alejamiento, lo que reinicia el ciclo de la violencia", explicó.

Casos particulares

"Llevo cuatro años así", declaró una mujer de 38 años bajo el anonimato, a su llegada al FSC de Port Moresby. "En julio, mi marido me puso el ojo morado y me llenó el cuerpo de heridas", indicó.

La mujer llegó al FSC por orden del ICRAF. Solicitó una orden de registro, pero el proceso terminó haciéndose demasiado largo y, finalmente, regresó a su casa.

A principios de septiembre, la mujer regresó al centro, esta vez con un brazo roto. Su marido la había arrastrado hasta un cajero automático y la había obligado a sacar todos los ahorros familiares, para después mandarla "a hacer puñetas". "Mi mayor preocupación" reconoció la mujer, "es que mi hijo de cinco años todavía sigue allí, con él".


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