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TIERRAESTELLA

Lodosa cerró el ejercicio de 2006 con un superávit de 311.000 euros

La Cámara de Comptos ha remitido al Parlamento el informe con la cuenta general, la legalidad y la situación financiera

Actualizada Miércoles, 15 de octubre de 2008 - 04:00 h.
  • DN . PAMPLONA

La Cámara de Comptos ha remitido al Parlamento el informe sobre el Ayuntamiento de Lodosa, correspondiente al ejercicio de 2006, en el que se analiza la cuenta general, la legalidad en su actividad económica y la situación financiera del consistorio.

Según los datos de la Cámara, el consistorio gastó 4,9 millones e ingresó 5,2 millones por lo que al cierre del ejercicio se obtuvo un superávit de 311.000 euros y existía un remanente de tesorería de 1,4 millones de euros.

Los gastos e ingresos suponen un notable aumento respecto al ejercicio de 2005 debido a las inversiones realizadas, especialmente las de la casa de cultura. En este sentido, las inversiones reales suman el 53% del gasto y los gastos de personal, bienes corrientes y servicios, el 41%.

Por otra parte, los ingresos más importantes son las transferencias de capital (39%) y transferencias corrientes (26%), seguidos por los impuestos directos con un 17%.

El mismo informe manifiesta que el endeudamiento a largo plazo ascendía a finales de 2006 a 785.000 euros. Pero señala que esa cifra supone un nivel de endeudamiento del 4,20%, mientras que su límite ronda el 25%.

Reflejo fiel

La cámara ha analizado la cuenta general del consistorio y del patronato Residencia de ancianos, organismo autónomo municipal. El informe señala que expresa la imagen fiel de los gastos e ingresos, aunque existen tres salvedades: el inventario de bienes, no actualizado; la falta de estados financieros consolidados en el consistorio y el organismo; y que la residencia de ancianos no refleje en su balance las dudas pendientes de cobro.

En cuanto a la legalidad, se apuntan algunos incumplimientos. Por ejemplo, que la cuenta general se aprobó fuera de plazo. En materia de urbanismo, apunta que Lodosa se rige por normas subsidiarias de 1995, sin adaptarse a la ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 2002.


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