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La bandera de los refugiados

Fernando Remiro

Fernando Remiro

Fernando Remiro

Actualizada 30/09/2016 a las 13:07
La semana pasada la mesa del Parlamento de Navarra rechazó la petición del PPN de volver a izar la bandera de la UE en los edificios de esta institución. La bandera fue retirada el pasado marzo como muestra de rechazo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra a la política de refugiados de la UE y, en concreto, al acuerdo con Turquía. Además de la valoración que se puede hacer en clave navarra, como Marcos Sánchez escribió en este mismo espacio la semana pasada, esta decisión, que también han tomado otros ayuntamientos e instituciones en Navarra y España, es una interesante muestra del poder simplificador de los símbolos y de la persistencia de una concepción errada del papel de la Unión Europea en nuestro sistema político.

Arriar la bandera de la UE es un acto político que parte de una idea en absoluto inocente: la identificación de una política con las instituciones que la deciden. La bandera de la UE deja de representar a un conjunto de instituciones y estados europeos para simbolizar una decisión que produce rechazo entre las fuerzas que tienen la mayoría en el Parlamento de Navarra. Las banderas tienen un enorme poder simbólico y a menudo trascienden su papel institucional o histórico para acabar asociadas a conjuntos de valores en conflicto (pensemos por un momento en la bandera de EEUU, la de la extinta Unión Soviética, la de la II República Española o la bandera de los Territorios Palestinos). Pero es cierto que además en este caso, la propia Unión Europea ha contribuido a esta asociación simplificadora. Las campañas de promoción de la imagen de la UE, financiadas por la Comisión Europea, se basan en un intento fatuo de popularización de significantes vacíos, prestados de los estados-nación tradicionales (bandera, himno, Día de Europa), que tienen que ser llenados por políticas o valores apreciados por la audiencia a la que van dirigidas: en el discurso oficial, la bandera de la UE representa la libre circulación, la moneda única, los fondos de cohesión, las ayudas agrícolas, el fin del roaming o el programa Erasmus, por ejemplo.

Pero hay otra razón de mayor calado para entender el atajo simbólico tomado por la mesa del parlamento navarro. El perfeccionamiento del mercado común y la ampliación de competencias de la Unión Europea iniciada en Maastrich y culminada con el Tratado de Lisboa ha coincidido con el triunfo de un consenso económico en torno a políticas liberales, tocado pero no hundido por la crisis de 2008 y la gran recesión. Las competencias de la UE radican precisamente en el nivel político donde ese consenso es más fuerte (con matices en los últimos dos años): la política comercial y la política monetaria. Ello, unido a la hegemonía de partidos o coaliciones conservadores en la mayoría de los gobiernos de los estados de la UE y a la paralela mayoría conservadora en el Parlamento Europeo, ha hecho que el espacio de competición política a nivel europeo se estreche, que las posibilidades de pugna política se reduzcan a cuestiones de matiz dentro de la ortodoxia dominante. El pleno del Parlamento Europeo, lejos de reflejar la pugna ideológica a nivel nacional, es, por el diseño institucional de la UE y por el carácter preeminentemente técnico de la legislación sometida a votación, el escenario del consenso entre los partidos conservadores y socialdemócratas. Es por ello que la ciudadanía no asocia a la UE con el debate y la confrontación ideológica sino con la aprobación de políticas que van casi siempre en la misma dirección.

Ahora bien, esta simplificación hace poco por ayudar a entender qué papel juega la UE en nuestro sistema político y por qué en los parlamentos autonómicos ondean tres banderas. Desde 1978 España está organizada en un Estado autonómico con muchos rasgos que la acercan a un sistema federal imperfecto, en el que las competencias se distribuyen según la cercanía a los ciudadanos, entre el nivel local, autonómico y estatal. En 1986 España añadió un cuarto nivel de gobierno con la entrada en la Unión Europea: asuntos que antes eran competencia estatal, como la política monetaria, la política comercial y, en un grado creciente, la política fiscal, ahora son co-decididos en el ámbito político de la UE. En este sistema multinivel, la UE no es un actor unívoco sino un espacio político con cierto grado de pluralismo.

La polémica de la bandera ahoga la complejidad del engranaje institucional de la UE, que está formada por instituciones (Comisión, Consejo, Parlamento) con intereses muchas veces enfrentados. En la reforma del sistema de asilo común, exigida por la grave crisis humanitaria provocada por la guerra de Siria, la Comisión Europea ha defendido posturas mucho más avanzadas e innovadoras que un Consejo en el que la mayoría de los estados miembros, incluida España, han intentado frenar el alcance de esas propuestas. Identificar una política concreta con el símbolo supone además renunciar a la lucha en ese espacio político, porque niega la existencia misma de esa arena ideológica. Ese derrotismo contribuye a la consolidación del consenso criticado. La deserción euroescéptica refuerza las políticas que se buscan combatir.

El acuerdo con Turquía es sin duda una de las páginas más negras de la historia reciente de la UE y la derrota moral que supuso su firma perseguirá durante años la credibilidad de la política exterior y de asilo de la UE. Además, el sistema común de asilo necesita una reforma integral, en la que ya se está trabajando. Sin embargo, centrar en la UE las críticas por la política de refugiados desvía la atención de las graves deficiencias del sistema de asilo en España. Seguramente no es lo que buscaron los promotores del gesto, pero enfocando el problema a nivel europeo se está eximiendo de responsabilidad al gobierno español, que no sólo es coautor de las decisiones del Consejo, sino que lleva años incumpliendo sus compromisos en materia de asilo.

A día de hoy el gobierno aún no ha culminado el desarrollo reglamentario de la ley reguladora del derecho de asilo 2009 (siete años de retraso). Además, el gobierno aún no ha traspuesto las principales directivas de la UE en materia de asilo. España tiene una baja tasa de recepción de solicitudes de asilo (apenas el 1% de todas las recibidas por estados de la UE en 2015) y una alta proporción de rechazo de solicitudes (en 2015, el 56% no fueron aceptadas y sólo 220 personas lograron el estatuto de refugiado). El sistema español de asilo no está a la altura de las responsabilidades internacionales de un país que es frontera sur de la Unión Europea. Además de eso, España no garantiza el derecho de las personas a tramitar una solicitud de asilo y recibir las adecuadas garantías judiciales. Durante los procesos de expulsión, especialmente en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), los posibles solicitantes no son informados de sus derechos y muchas veces ven obstaculizadas sus peticiones. En la frontera sur en Ceuta y en Melilla, España ha incumplido reiteradamente el principio de no devolución y ha expulsado sin el debido procedimiento administrativo a personas que habían cruzado la frontera y que podrían haber solicitado asilo.

La polémica de la bandera no sólo dificulta la comprensión de la ciudadanía de la complejidad de nuestro sistema político multinivel, sino que es también una distracción inútil y contraproducente que desenfoca el debate sobre la política de asilo en España y en la UE. Flaco favor a la causa de los refugiados, que es la causa de todos.

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