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DÉFICIT PÚBLICO

Las comunidades autónomas reducen el déficit a mayor ritmo que el Estado

La administración regional ha recortado su desfase un 73,5% desde su máximo de 2011, frente al 71,8% del organismo central en dos años más

Montoro anuncia que el Gobierno no aprobará este viernes los PGE 2018

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

EFE
06/11/2017 a las 06:00
  • D. Valera. COLPISA. Madrid

España está a un paso de cumplir de nuevo el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea. Si no se produce ningún imprevisto, este año cerrará con un déficit del 3,1% del PIB, lo que dejará al país al borde de quedar por debajo de esa barrera del 3% que permite salir de la vigilancia estrecha de la Comisión Europea. Un escenario inédito desde que comenzó la crisis para un país que en 2016 todavía encabezaba la clasificación comunitaria de mayor desfase entre ingresos y gastos. Desde que el déficit tocase máximos en 2009 con un 11%, España ha realizado un ajuste en sus cuentas públicas de 68.520 millones hasta el año pasado, que llegará a los 80.000 millones al término de este ejercicio si se cumplen las previsiones del Gobierno. Esto significa una reducción media anual de 10.000 millones. Para hacerse una idea, la corrección del desfase en los últimos ocho años será el equivalente a más de la mitad del gasto anual en pensiones o cuatro veces la partida de prestaciones por desempleo de 2016. Sin embargo, no todas las administraciones han contribuido por igual a esa disminución. Dejando a un lado el superávit de los ayuntamientos, las comunidades autónomas son las que han realizado un mayor esfuerzo de reducción del déficit, por encima del Estado. Y es que el conjunto de los gobiernos regionales han ajustado sus números rojos un 73,5% desde su máximo, frente al 71,8% de la administración central. El Ministerio de Hacienda es el encargado de aprobar el reparto de objetivos de déficit en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y en esas reuniones la queja unánime de las comunidades autónomas es que se les exige un esfuerzo superior al del Estado sin tener en cuenta que manejan en sus presupuestos partidas tan sensibles como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Una afirmación que desde el departamento de Cristóbal Montoro niegan. Lo cierto es que el déficit autonómico alcanzó su máximo en 2011 (dos años más tarde que la administración central) con el 3,31%, es decir, 35.201 millones de números rojos. Desde entonces y hasta el año pasado, los gobiernos regionales han logrado disminuir esa brecha entre ingresos y gastos un 73,5%. Por su parte, la administración central ha reducido su desfase un 71,8% desde su máximo alcanzado hace siete años. Es decir, las comunidades han realizado un esfuerzo superior al del Estado y en un periodo de tiempo más corto: dos años menos.

AJUSTE DE 10.000 MILLONES

La administración central siempre ha sido la que ha protagonizado los mayores déficit, tanto en volumen como en porcentaje del PIB. En 2009 se situó con un desfase de 98.508 millones, el equivalente al 9,35% del PIB. Unos números rojos que ha ido corrigiendo a través del recorte del gasto público y subidas de impuestos, sobre todo en los peores momentos de la crisis. De esta forma, el desfase del Estado en 2016 se moderó hasta los 27.761 millones (sin ayuda a la banca). Esto equivale a un ajuste medio anual de 10.106 millones. Sin embargo, a pesar de esta espectacular disminución, el comportamiento de la administración central en 2017 no es tan positivo. De hecho, su déficit se situó en septiembre -último dato disponible- en el 1,46% del PIB, por encima del 1,1% fijado en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas. Un desfase que deberá ser compensado por otros subsectores.


Y la principal candidata para cuadrar las cuentas son las entidades locales, las únicas que han hecho bien los deberes de consolidación fiscal desde hace un lustro. Los ayuntamientos en 2009 tenían un déficit del 1,92% (6.120 millones). Sin embargo, en 2012 los municipios ya sanearon sus cuentas y entraron en superávit. Un saldo positivo que han mantenido desde entonces y que les permitió acabar 2016 con 6.847 millones favorables. Una cifra que podrían incluso mejorar en 2017 y con la que el Gobierno cuenta para compensar los desfases de otras administraciones. En cualquier caso, ese superávit es motivo de disputa entre ayuntamientos y Hacienda, ya que la regla de gasto impide a los consistorios poder reinvertir todo el saldo positivo obtenido. Por último, la Seguridad Social ha sido la gran damnificada en la crisis. El sistema ha pasado de registrar un superávit que en 2009 todavía era de 8.329 millones (0,79% del PIB) a cerrar 2016 con el mayor agujero de su historia al alcanzar los 17.757 millones. Una cantidad que debería reducirse hasta los cerca de 15.000 millones este año, aunque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera que se mantendrá en niveles similares a los del pasado curso.


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