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PRESUPUESTOS

La subida de las pensiones requiere un acuerdo político

La Abogacía del Estado estudia si jurídicamente es posible aprobar un real decreto de revalorización de las pensiones

Actualizada 05/09/2016 a las 20:34
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  • COLPISA. MADRID
Ya son más de ocho los meses que España está sin Gobierno y una de las principales consecuencias económicas es que no se van a poder aprobar los Presupuestos Generales de 2017 y tendrán que prorrogarse los actuales. Así las cosas, pensionistas y funcionarios serían víctimas colaterales, puesto que lo normal sería que no se pudieran actualizar estas partidas. ¿O sí? Pedro Sánchez anunció este lunes que su partido presentará este martes una iniciativa para instar al Ejecutivo -que ya lanzó esta advertencia a modo de amenaza- a que, mediante un decreto ley, revalorice pensiones y salarios públicos. A su juicio, un Gobierno en funciones está "perfectamente legitimado" para aprobarlo.

No lo tiene tan claro Rajoy, que aseguró este lunes que existen "todas" las "dudas jurídicas", puesto que un Ejecutivo en funciones no puede tomar decisiones que comprometan al futuro Gobierno. No hay precedentes para esto, salvo en 2011, cuando un Rajoy recién llegado a La Moncloa aprobó por real decreto-ley subir un 1% las pensiones. Pero entonces no estaba en funciones.

La Abogacía del Estado estudia si jurídicamente es posible aprobar un real decreto de revalorización de las pensiones y, por ahora, la opinión mayoritaria es que no. En este caso, tal vez un acuerdo político -como el de la reducción de la duración de la campaña electoral- podría permitir una alternativa.

También en caso de que finalmente el Gobierno en funciones entendiera que está capacitado para aprobar el real decreto, éste tendría que ser validado por el Congreso en un plazo no superior a 30 días. Para eso el PP necesitará los votos de otros partidos políticos, aunque el PSOE ya ha dicho que en este caso sí apoyaría. Otra cuestión es ponerse de acuerdo en la cantidad, pues el Ejecutivo ya anunció una subida del 0,25% de las pensiones y del 1% del sueldo de los funcionarios, mientras que los socialistas defienden incrementar más el poder adquisitivo de los jubilados.

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