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FISCALIDAD

El PSOE exige al Gobierno que reclame a Apple el dinero no tributado en España

La Agencia Tributaria investiga a las filiales españolas de la compañía para saber si han desviado a Irlanda ingresos generados aquí

Logotipo de la multinacional estadounidense Apple.

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03/09/2016 a las 06:00
  • COLPISA. MADRID
La situación tributaria de Apple está bajo el foco de las autoridades fiscales después de que la Comisión Europea obligase a la compañía a devolver a Irlanda 13.000 millones de euros en impuestos eludidos entre 2003 y 2014. Un dictamen que también ha puesto en entredicho el sistema fiscal irlandés, donde tienen sus sedes grandes multinacionales por sus ventajas fiscales. Por eso este viernes el PSOE pidió la comparecencia en el Congreso del ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, para que informe si Apple se ha servido de la ingeniería fiscal para desviar ingresos generados en España a su matriz irlandesa, con la consiguiente reducción de la factura impositiva. Y en ese caso, que reclame los importes eludidos.

En concreto, el diputado socialista y portavoz de Economía en el Congreso, Pedro Saura, reclamó a Mntoro que explique sobre las acciones que ha llevado a cabo el Ejecutivo para exigir a Apple las cantidades no tributadas en España. "Están cambiando muchas cosas en la fiscalidad internacional y en la lucha contra la elusión fiscal en el mundo, y particularmente en Europa", señaló Saura en un comunicado. El portavoz socialista destacó que España "no puede quedarse a la cola en la lucha contra la elusión fiscal internacional de las grandes corporaciones y multinacionales".

De momento, Apple Retail Spain, la filial de la compañía de la manzana en España responsable de la gestión de las tiendas, está siendo investigada por la Agencia Tributaria al menos desde hace unos meses. En concreto, la inspección se centra en la declaración del Impuesto de Sociedades, del IVA y sobre el impuesto de la renta de no residentes de los años 2009 y 2012, según consta en las cuentas anuales de la compañía.

Las indagaciones también se extienden a Apple Marketing Iberia, la otra filial española de la multinacional dirigida por Tim Cook y que se encarga de los servicios de marketing y otras ventas que se facturan a Irlanda. Es en ese punto donde la ingeniería fiscal entraría en funcionamiento al desviar ingresos generados en España a la matriz de la isla. Las filiales españolas justifican las transacciones a la sede irlandesa en conceptos como la prestación de servicios o de mercancías.

RESULTADOS DE LAS FILIALES

La sociedad que gestiona las tiendas de Apple en España obtuvieron una facturación de 304,6 millones en 2015, lo que supone un 49% más que los 218 millones de 2014. Sin embargo, los beneficios declarados se limitaron a 3,7 millones después de comprar la mayoría de los productos que adquiere a la matriz irlandesa Apple Distribution International. Algo similar ocurre con Apple Marketing Iberia, la otra filial española, que declaró en 2015 unos ingresos de 27,6 millones, lo que supone un 39% más que el año anterior. Los beneficios se situaron en los 4,1 millones, un incremento del 41% respecto a 2014.

En cualquier caso, fuentes de la Agencia Tributaria explican que estas inspecciones no presuponen ninguna irregularidad, pero es evidente que las grandes empresas tecnológicas hace tiempo que están en el centro de la diana de las autoridades tributarias. Por otra parte, el Gobierno de Irlanda decidió este viernes por unanimidad recurrir la decisión de la Comisión Europea contra Apple por "ventajas fiscales ilegales" que permitieron a la multinacional soportar un tipo efectivo que apenas fue del 0,005% en 2014. Sin embargo, el Ejecutivo irlandés rechazó desde un principio estas acusaciones. "La cantidad completa de impuestos fue pagada en este caso y no se proporcionaron ayudas de Estado. Irlanda no dio un trato fiscal favorable a Apple", aseguró el ministro de Finanzas, Michael Noonan.

Ahora Irlanda dispone de dos meses y diez días para interponer su recurso. Hasta que se resuelva su apelación, tiene la obligación de recuperar esos 13.000 millones más intereses que podrá colocar en una cuenta de depósito en garantía hasta que los procedimientos judiciales hayan concluido.

Al margen de la batalla legal, la Comisión Europea también tiene abierto otro frente político por este caso con EE UU, que ya manifestó su "preocupación" y advirtió del riesgo para la inversión y el empleo en Europa.

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