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EUROZONA

España, bajo la firme lupa de Bruselas

La UE, tras cancelar la multa, redobla su vigilancia con evaluaciones trimestrales y pide más ajustes en 2017

Vista de la sede del Banco Central Europeo.

El empuje del BCE hace que toda la Eurozona vuelva a crecer

Vista de la sede del Banco Central Europeo.

EFE
14/08/2016 a las 06:00
  • COLPISA. MADRID
El pasado 27 de julio la Comisión Europea decidía cancelar la multa a España por incumplir el objetivo de déficit de 2015. Todo un alivio para las arcas españolas -la sanción podría haber llegado hasta los 2.000 millones-, y aparentemente un triunfo para el Gobierno, en particular para el ministro de Economía Luis de Guindos. Sin embargo, el diablo está en los detalles. Tanto el perdón como la prórroga en la senda de consolidación fiscal no son gratuitos, sino que llevan aparejados una férrea vigilancia de las cuentas públicas del país, el compromiso de realizar importantes ajustes presupuestarios y el riesgo de perder parte de los fondos estructurales. Es decir, España será escrutada bajo la exigente lupa de los funcionarios comunitarios. No serán ya los famosos 'hombres de negro' de la Troika, pero el control será también exhaustivo y el margen de maniobra del nuevo Ejecutivo, sea del color político que sea, muy estrecho.

El déficit sigue siendo uno de los principales quebraderos de cabeza de la economía española. La Comisión ha concedido dos años más de plazo para que el país rebaje su desequilibrio entre ingresos y gastos por debajo del 3% en términos equivalentes del Producto Interior Bruto (PIB). Una flexibilización obligada por la inestabilidad política que vive el país y que ha mermado la capacidad para disminuir el déficit este año. Por tanto, la prórroga responde al pragmatismo que existe en Bruselas por querer evitar una situación similar el próximo ejercicio.

Sin embargo, las instituciones europeas -y algunos Estados- no se fían de los compromisos del Gobierno. Por eso quieren medidas concretas de manera inmediata en los próximos Presupuestos del Estado. De hecho, España tendrá que enviar antes del 15 de octubre un borrador de las cuentas públicas del próximo ejercicio que incluya ajustes para respetar el nuevo déficit. Ese tijeretazo podría llegar a los 15.000 millones en el peor de los escenarios, es decir, si en 2016 el déficit queda en el 4,6% y hay que rebajarlo al 3,1%.

En Bruselas, preocupados por los desvíos de las comunidades autónomas, van más allá y recomiendan a España que adopte medidas para reforzar los mecanismos preventivos de la Ley de Estabilidad -como la presentación de los Planes Económico-Financieros- y evitar así nuevos desfases, aunque hasta ahora no se han producido. También propuso priorizar la regla de gasto que limita el incremento de los recursos presupuestarios globales. Es decir, evitar que los distintos gobiernos central, regional o local gasten más aunque hayan mejorado ingresos.

NUEVAS SANCIONES 

"Tenemos que cumplir los compromisos con nuestros socios", repite Mariano Rajoy como mantra. El presidente del Gobierno en funciones sabe lo mucho que se juega en esa primera evaluación y se ha marcado como prioridad presentar un documento en el plazo fijado.

En caso de no hacerlo, algo no descartable teniendo en cuenta las dificultades para lograr la investidura, las consecuencias irían más allá de la pérdida de imagen y credibilidad pues tendría costes económicos, al iniciarse de nuevo el mecanismo sancionador. Pero esta vez la multa podría ascender al 0,5% del PIB, es decir, superar los 5.000 millones.

En caso de que se prorrogaran los Presupuestos, el Ejecutivo podría aprobar acuerdos de no disponibilidad del gasto para contentar a Bruselas, como ha hecho este año (2.000 millones el Estado y unos 1.500 millones las autonomías). Sin embargo, esta medida de urgencia podría ser considerada solo un parche por el Ejecutivo comunitario.

El ajuste presupuestario, no obstante, es sólo el primer examen. La nueva vigilancia implica que a partir del próximo 15 de enero España deberá presentar a la Comisión un informe trimestral en el que detalle la evolución de la senda fiscal. Un documento que servirá a las instituciones europeas para evaluar si el país toma las medidas necesarias para no desviarse de los objetivos.

Además, España deberá superar todos esos controles para poder acceder a los fondos estructurales comunitarios. De momento, Bruselas ya ha advertido que en septiembre propondrá su congelación (podrían ser unos 1.000 millones) como consecuencia del desfase del déficit de 2015. En realidad se trata de una forma de presionar para que el Gobierno tome medidas de cara al próximo ejercicio. Si es así, los recursos se desbloquearían. Pero la lupa europea seguirá observando en 2018.

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