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PRESUPUESTOS

Las comunidades autónomas reducen un 20% de los entes públicos desde 2012

Desde 2012 los entes autonómicos se han reducido un 20% y hay 166.000 funcionarios menos, pero los expertos piden más cambios

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro.

Las comunidades autónomas reducen un 20% de los entes públicos desde 2012

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro.

EFE (ARCHIVO)
31/07/2016 a las 06:00
  • COLPISA. MADRID
A comienzos de 2012 la crisis azotaba con fuerza a España. El país se encontraba en recesión y la posibilidad de un rescate estaba muy latente -finalmente se limitó a la banca unos meses después-. En esas circunstancias de presión en los mercados -la prima de riesgo superaba los 600 puntos y el bono a 10 años llegaba al 7%-, el Gobierno y las comunidades autónomas acordaron en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera un plan de racionalización de la administración pública. Desde entonces y hasta el 1 de julio de 2015 el número de entes dependientes de las comunidades se ha reducido un 20,3%.

En concreto, han pasado de 2.308 organismos a 1.838 (1.935 si se incluye el País Vasco, que, por primera vez, ofrece sus datos). Es decir, han desaparecido un total de 470 y el número se sitúa en niveles de 2004. Sin embargo, a pesar de esta disminución la reforma de la administración pública sigue siendo uno de los temas pendientes para numerosos expertos e instituciones internacionales. Pero, ¿hay que reducirla más?, ¿hay demasiados funcionarios?, ¿qué organismos se han eliminado?

Es evidente que el peso de la administración es importante, aunque menos que en la mayoría de los países del entorno. De hecho, según el informe ‘Government at a Glance’ de la OCDE, el número de empleados públicos en España resulta inferior a la media de la organización. En concreto, cerca del 16,5% de los ocupados trabajan en la Administración, frente a la media del 22% en los Estados miembros de la organización. Algunos países, como Dinamarca o Noruega, lideran ese ‘ranking’ con un 35%, si bien también tienen una administración más nutrida en Francia o Italia.

A pesar de eso, el número de trabajadores públicos en España entre 2012 y 2016 se ha reducido en 166.557 personas, según datos del Ministerio de Hacienda. A 1 de enero de 2016 había 2.519.280 de empleados públicos, un 6,2% menos que hace cuatro años. La mayor disminución en ese periodo se produjo en la administración central, que redujo su plantilla en 54.060 trabajadores, el 9,3% del total. Por su parte, las entidades locales disminuyeron en 48.268 personas (un 8,1%) y las universidades en 7.111 empleados (un 4,6%). La menor reducción la protagonizaron las comunidades autónomas, con un descenso del 4,2% tras recortar el número de empleados en 57.118 personas.

REPOSICIÓN CERO

En cualquier caso, la práctica totalidad de esa reducción está basada en la política de reposición cero puesta en marcha por el Gobierno en 2012. Es decir, en no sustituir a un empleado tras su jubilación o bien al término de su contrato temporal (salvo excepciones en los Cuerpos de Seguridad del Estado, los inspectores de Hacienda, sanidad y educación). Una política que, por cierto, ya se ha ido suavizando.

"El problema no es el número de funcionarios sino su eficacia", explica José Ramón Pin, profesor de Economía del IESE. Este experto sostiene que el ritmo de transformación de la sociedad, cada vez más digitalizada y con más flexibilidad laboral, también debe llegar a la administración. En este sentido, apuesta por convertir al personal menos especializado y de categoría más baja "en trabajadores subcontratados".

Como ejemplo de ello pone lo ocurrido con la vigilancia, al recordar que la mayoría de guardias de seguridad en edificios públicos son trabajadores de empresas privadas. Una fórmula que si se extendiera a otros ámbitos podría reducir el número de empleados públicos a la mitad. Además, Pin cree que hacen falta más directivos intermedios con "capacidad para cambiar el funcionamiento de los organismos" y hacerlos más ágiles. Una medida que, eso sí, requiere el apoyo del Gobierno.

"Es necesaria más formación y especialización en la Administración", sostiene Carlos Losada, profesor del Departamento de Dirección General y Estrategia de Esade. Para eso es necesario traerse a los mejores y más capacitados. Por ello aboga por aumentar el sueldo de los funcionarios con más responsabilidad o formación (abogados del Estado, inspectores de Hacienda…) y evitar así su marcha al sector privado -las famosas puertas giratorias-, donde las condiciones económicas son más elevadas. "La política retributiva en la Administración no está pensada para retener el talento", explica. Además, cree que en esa "profesionalización" es necesario que también se exija a los empleados públicos el cumplimiento de unos resultados.

ENCHUFISMO

Una de las principales críticas que recibe el sector es el enchufismo y la posibilidad que permite colocar a dedo a amigos o familiares. Para luchar contra este problema, además de reforzar los organismos de supervisión, Losada también apuesta por alejar la política de la administración todo lo que sea posible. En este sentido, considera necesario reducir los puestos nombrados por políticos en los organismos públicos y que se elijan por un sistema de mérito y capacidad técnica. "Hay que reducir la colonización política de lo público que luego lleva a corruptelas", afirma.

A pesar de que el Ejecutivo presume cada vez que puede de los beneficios económicos obtenidos con la disminución de entes, los expertos relativizan el impacto de la supresión de organismos públicos porque en muchos casos son simples fusiones de entes que, en la práctica, no suponen un ahorro apreciable. Eso sí, señalan que el principal problema de la administración reside en las comunidades, entre otras cosas, porque tienen que gestionar gran parte del estado de bienestar.

Las autonomías con más entes públicos son Cataluña, con 393 organismos dependientes, Andalucía (331), la Comunidad de Madrid (157) y el País Vasco (147). Estas cuatro comunidades acaparan más de la mitad de los organismos autonómicos (51,7%). Por su parte, la comunidad que más se ha esforzado en racionalizar su administración ha sido Baleares, al recortar en un 54,6% los entes desde 2012. Le sigue Murcia con una disminución del 40,4%; Castilla-La Mancha con un 36,4%; Cantabria y la Comunidad Valenciana con el 28,1%. En el lado opuesto, la menor reducción se ha producido en Madrid, apenas un 9,2%, y en Extremadura (9,7%). Pasos que los expertos consideran insuficientes para transformar la Administración.

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