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La fiscalidad de Navarra llama a la reflexión

El autor pide a los gobernantes navarros un ejercicio de reflexión para evitar el peor escenario posible para las empresas y el poder adquisitivo de los ciudadanos

José Antonio Sarriá

José Antonio Sarría

Actualizada 01/12/2017 a las 16:48
  • José Antonio Sarría

Desde que el gobierno presentó su proyecto de ley de medidas tributarias para 2018, han corrido ríos de tinta sobre este nuevo avance de la presión fiscal en nuestra Comunidad.

Ya son tres las subidas de los impuestos en tan solo dos años y Navarra está alcanzando el dudoso honor de ser una de las comunidades con peor escenario fiscal. Escenario donde especialmente las clases medias y las familias pagan más que en el resto de España y resulta nada atrayente y por ello refractario de empresas y empresarios.

No quiero ahora analizar cada una de las medidas que contiene el proyecto ya que en estos pocos días se está hablando suficientemente de ello y la Confederación de Empresarios de Navarra ya ha expresado su posición en repetidas ocasiones. Creo más oportuno en este momento, hacer una llamada a la reflexión y al sentido común a quienes pueden enmendar lo que se ha propuesto.

Una reflexión sobre a donde va Navarra con la tendencia que se ha generado en los últimos años de incrementar todos los impuestos y, especialmente, llamar la atención sobre el error que supone el pensar, que aumentar tipos y quitar deducciones, es suficiente para garantizar una mayor recaudación fiscal y es inocuo para la generación de actividad, riqueza, inversión y empleo.

Partamos de que todos estamos de acuerdo en que hay que pagar impuestos si queremos disfrutar de servicios públicos. Es un deber ciudadano, y es necesario en cualquier sociedad moderna. También es necesario, por cierto, realizar el gasto de manera eficiente, algo de lo que a menudo no se habla.

Pero dicho esto, necesitamos diseñar un sistema fiscal con justicia, pero también con inteligencia y, sobre todo, con prudencia. Y en este punto, lanzo algunas preguntas para la reflexión:

¿Es de sentido común incrementar el gravamen del ahorro, tanto en forma de planes de pensiones como en forma de intereses, dividendos, etc. y penalizarlo de esta manera, siendo el más alto de España?, o ¿es mejor incentivarlo para que pueda nutrir la economía, sobre todo teniendo en cuenta el complicado futuro de nuestro sistema de pensiones?

¿Es justo eliminar la deducción por vivienda a futuro para las rentas más bajas?
¿Fortalece la cohesión social que las familias navarras padezcan el más duro gravamen en el Impuesto sobre la Renta, mientras que en nuestras comunidades limítrofes, con un nivel similar de servicios, paguen bastante menos?

¿Es razonable gravar el patrimonio de la empresa familiar, que está dedicado a la generación de actividad, inversión y empleo, maltratando a estas empresas arraigadas con el territorio y con sus trabajadores, situación que no ocurre en ningún lugar de Europa?

¿Es inteligente continuar aumentando el Impuesto sobre sociedades, para que las empresas navarras, fundamentalmente medianas, generadoras de riqueza y empleo, pierdan competitividad frente a las de los territorios vecinos, y cuando piensen en nuevos proyectos e inversiones barajen alternativas distintas a nuestra comunidad?

¿Es cauto suprimir uno de nuestros distintivos fiscales forales, la tributación al 0,8 % de herencias y donaciones entre padres e hijos, y agravarlo hasta el 16%, arriesgándonos a que patrimonios importantes, sigan la senda de la deslocalización iniciada ya con el Impuesto sobre el Patrimonio, y perdiendo la recaudación por tanto no solo de Sucesiones, sino también de patrimonio y de IRPF?

Así las cosas, el sistema fiscal navarro en la actualidad, si nadie lo remedia, va a consolidar un escenario de nula atracción de proyectos empresariales, de planteamiento de alternativas de inversión en otras comunidades para las empresas de Navarra, de deslocalización real de grandes contribuyentes, y de erosión del poder adquisitivo de los ciudadanos.

¿De verdad pensamos que es prudente continuar con esta senda, sin afectar a la actividad económica, a la inversión, al ahorro, al empleo? Y, sobre todo, ¿de verdad creen quienes proponen estas medidas, que todo ello va a redundar en una mayor recaudación y, por tanto, una mejora de la financiación de los servicios públicos? Quizás una prueba evidente de que ello no será así, se encuentre ya en las deslocalizaciones de contribuyentes producidas en 2016, y detectadas por el Departamento de Hacienda, con las correspondientes pérdidas de recaudación en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el IRPF.

Se impone una reflexión y una llamada al sentido común de nuestros gobernantes. El camino iniciado no lleva a buen puerto. Ni siquiera recaudaremos más, si eso es lo que se pretende.

Y por el contrario, viraremos las decisiones empresariales hacia otros territorios, que sí están propiciando la atracción de empresas y que, con impuestos más bajos, están recaudando tanto o más que nosotros. Estamos a tiempo de enmendar esta senda. De lo contrario, muchos de los daños serán irreversibles. Usemos nuestra autonomía fiscal inteligentemente, manteniendo el principio de equivalencia con el resto del Estado, pero favoreciendo el desarrollo y la creación de riqueza en nuestra comunidad.

José Antonio Sarría Terrón es presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN)

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