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Un camino público ocupa un solar particular en Alsasua desde 1996

  • El Ayuntamiento erró en la ejecución del trazado junto a dos viviendas que invaden el terreno

Un camino público ocupa un solar  particular en Alsasua desde 1996

Un camino público ocupa un solar particular en Alsasua desde 1996

El Camino de Beikolar se localiza en las inmediaciones del acceso a la N-1 en sentido a San Sebastián.

N.G.
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26/01/2016 a las 06:00
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  • NATXO GUTIÉRREZ. ALSASUA
El Camino de Beikolar, situado en las proximidades de la N-1, en Alsasua invade desde 1996 el solar de un particular. El Ayuntamiento de la localidad se equivocó entonces en su trazado y ocupó 81 metros cuadrados más de los permitidos en un convenio suscrito. El concierto establecía la cesión de 144 metros cuadrados para adecuar el vial. El problema arreció cuando en torno al año 2008, los herederos del titular, que prefiere mantenerse en el anonimato, iniciaron los trámites para construir tres viviendas con arreglo a los criterios establecidos por el Plan Municipal. Su sorpresa fue mayúscula al comprobar que la superficie disponible de sus 1.180,29 metros cuadrados iniciales se había reducido. En esas circunstancias, las dimensiones de edificación frustaba sus intentos de edificación en las condiciones planteadas, es decir, tres casas.

Con posterioridad y para mayor desconcierto suyo, el sendero, tal y como había sido acondicionado, lindaba en el lado opuesto a su propiedad con dos edificaciones de nueva construcción. Sus urbanizaciones también pasaron a afectar a la parcela, como pudieron comprobar.

En tal tesitura y “sin ánimo de exigir la reposición del vial y de las viviendas a su estado original”, como expone el asesor de la familia, el Ayuntamiento recibió en el año 2011 una propuesta “satisfactoria para todas las partes”. Bajo el denominado proyecto de normalización de finca -“una figura urbanística reconocida para suelos urbanos consolidados como era el caso”-, planteaba compensar a los afectados con una permuta de terreno adyacente, de titularidad pública, además de una indemnización económica.

“Hubo un primer informe favorable”, como recuerda el abogado, pero la solución quedó paralizada con el cambio de legislatura. El relevo en la alcaldía, con la entrada de Bildu en 2011, comportó también un cambio de criterios sobre el caso a partir de unas nuevas consideraciones técnicas, que “cuestionaban la legalidad de la operación”.

En el fondo había unas dudas sobre la categoría del terreno. El Ayuntamiento entendía “que era suelo urbano no consolidado y que como tal debía tramitarse un proyecto de reparcelación y urbanización, además de la cesión del 10% de la superficie a su favor”, según el abogado.

RESOLUCIÓN DEL TAN

Llegado a este extremo y después del dilatado proceso administrativo, la familia solicitó “ejecutar el Plan Municipal” en los términos establecidos. En realidad, venía a reclamar la reposición del camino al trazado señalado en curva y no en recta en el documento que rige el ordenamiento urbanístico del municipio.

Sin entendimiento de las partes -propietario y Ayuntamiento- la alcaldía dictó un acuerdo que daba al traste cualquier intento de tramitación.

Las diferencias se resolvieron finalmente en el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN), que en octubre de 2014 dio la razón al particular y sus descendientes. El dictamen vino a refrendar su tesis con el reconocimiento de la categoría de suelo urbano consolidado, que despejaba cualquier duda de su primera solución planteada para satisfacer a todas las partes.

Antes que acatar el contenido de la resolución, el Ayuntamiento, aún regido por Bildu, optó por interponer un recurso contencioso-administrativo. A efectos jurídicos, la situación se encuentra estancada en esta fase, a la espera de un pronunciamiento de los tribunales. Los propietarios se sienten molestos por la demora en la adopción de una medida definitiva sin que en estos últimos ocho años hayan podido llevar a cabo su proyecto de edificación de tres viviendas por un descuido que cometió el Ayuntamiento hace veinte años.

Protestan por sentirse perjudicados en el distinto baremo que según dice utiliza el Ayuntamiento a la hora de aplicar criterios urbanísticos.



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