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El lunes, José Luis Legasa y Mª Cruz Bravo, un matrimonio residente en Pitillas, verán cómo se derriba uno de los muros laterales que cercan su vivienda para cumplir así una sentencia dictada por la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Hasta aquí, todo parece normal. Sin embargo, lo que este matrimonio denuncia es que se trata de la cuarta vez que derriban un muro que, aseguran, se ha levantado siempre contando con las correspondientes licencias de obra. Asimismo, denuncian que la sentencia condenatoria se basa en una ley de 1986, derogada en 2007.

La historia con este muro, dicen, viene de atrás, en concreto de 1997. Desde entonces, las innumerables denuncias por parte de un vecino y los consiguientes recursos han desembocado en el mismo desenlace. "Es una persona que ni siquiera vive donde nosotros, con lo cual no es que le estemos perjudicando. De hecho, no hemos hecho nada que moleste ni perjudique a nadie. Simplemente, va contra nosotros porque sí", indica Bravo.

Tras varias denuncias y recursos, en 2005, el juez les ordena derribar el muro basándose en las distancias y alturas que determinaba la Ley de Carreteras 11/1986 de 10 de octubre. "En este momento, el consistorio, que ya nos había concedido la licencia en 1997, nos la anula, ya que si lo ha dictado el juez y el Ayuntamiento no va ir en su contra. Nos dice también que debemos tirar el muro", relata. Tras tirarlo, vuelven a solicitar la licencia y se les concede pero la situación volvió a repetirse. "Así tres veces, se nos otorgaba la licencia, porque todo estaba en regla -la ORVE daba el visto bueno, pero el vecino volvía a la carga. En 2007 tiramos el muro por tercera vez", indica.

Finalmente, en enero de 2008, el TSJN, dice textualmente que se "da por cumplida la presente ejecutoria", lo que ratifica en un auto de marzo del mismo año. "Pensamos que como el expediente estaba ya cerrado podríamos cerrar la finca y pedimos la última licencia de obras, que nos la conceden en marzo de 2010. Sin embargo, para nuestra sorpresa la sala de lo contencioso-administrativo, a instancias del vecino, reabre el expediente y nos ordena su derribo", relata Bravo. El matrimonio también envió un escrito al Defensor del Pueblo. Tras presentar los correspondientes recursos, llega el auto que ordena el derribo, fechado el 2 de febrero.

Lo que este matrimonio denuncia es que se les exija derribar el muro basándose en la Ley de Carreteras de 1986, la cual fue derogada por la ley actual, de 2007, y, además, retranquear 1 metro. Con la ley antigua eran 8 metros la distancia que había que respetar. En la actualidad, dicha distancia es de 7, aunque con el cambio de ley, la competencia final en este tipo de asuntos es municipal -el Ayuntamiento siempre les ha otorgado las licencias para levantar el muro-. "Nuestra casa está a 7 metros. Se nos está haciendo un agravio comparativo con otros vecinos cuyos cierres de vivienda son como los nuestros. Quieren que tiremos el muro y hagamos el retranqueo. ¿Cómo vamos a confiar en la justicia si ésta se basa en una ley ya derogada? El expediente se cerró y lo reabrieron teniendo en cuenta una ley pasada. Todo por culpa de un señor que la tiene tomada con nosotros. Está siendo un calvario", dice Bravo.