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Los propietarios, "defraudados" con la comparecencia

  • Los grupos coincidieron al instar a la negociación entre propietarios y consistorio como la mejor vía de solución

Fran Legaz (UPN) acudió al Parlamento donde expuso la situación actual de esta urbanización

Los propietarios, "defraudados" con la comparecencia

Fran Legaz (UPN) acudió al Parlamento donde expuso la situación actual de esta urbanización

dn
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10/05/2014 a las 06:00
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  • Sheyla Muñoz Pamplona
La solución a la problemática urbanización UER-3 de Olite, más conocida en la localidad como 'La Moraleja', no va a ser como ya se intuía fácil. Así lo reafirmó este miércoles el propio alcalde de la localidad, el regionalista, Fran Legaz, durante su comparecencia en la comisión de Fomento del Parlamento de Navarra, a donde acudió para intentar explicar cuál es la situación actual de un conflicto que viene de años atrás. El máximo representante municipal, como ya hicieran parte de los vecinos afectados por la urbanización el pasado mes de febrero, aportó datos y cifras que se han ido sumando a una problemática surgida hace seis años.

La urbanización de estos terrenos, impulsada en el año 2007 por la entonces alcaldesa socialista Mª Carmen Ochoa, se ejecutó por el régimen de cooperación, que establece que los costes se asuman entre todos los propietarios en función del número de metro de suelo. En este caso, la urbanización consta de una superficie de 33.525 m2, de los que unos 2.000 son del consistorio y el resto de particulares. Los terrenos se urbanizaron en 2009, con un coste de 2,2 millones, y, a día de hoy, continúan vacíos y con pocas previsiones de albergar vivienda alguna.

En su momento, el consistorio abonó los costes de urbanización acogiéndose a un crédito, cuyas cuotas de pago exige ahora a los propietarios que aseguran no poder hacer frente a las cantidades exigidas. Entre medio se ha vivido un rosario de denuncias y recursos que han pasado a engrosas un proceso judicial que parece no tener fin. Esta situación, según explicó el alcalde, está haciendo mella en un consistorio muy maltrecho por la deuda que acarrea pero también en el municipio. "En todo momento, nuestra intención ha sido la de alcanzar un acuerdo con los propietarios, desde el momento en que una sentencia ordenó devolverles la cuantía embargada, algo que nosotros vimos como un punto de partida para encontrar un acuerdo", señaló Legaz, quien tiene que 'lidiar' con este problema tras haber accedido a la alcaldía en 2011. En este sentido, recordó que una reunión con el departamento de Fomento se consiguió el tener un 15% más de edificabilidad, como una posible solución. No obstante, la propuesta no satisfizo a unos propietarios que dicen sentirse desgastados "física y mentalmente" por el calvario sufrido en todo este tiempo. El alcalde aseguró que aunque el procedimiento utilizado para acometer la urbanización tal vez no era el más adecuado sí que es legal. "En este sentido no veo capacidad por parte del ayuntamiento para quedarse con los terrenos y pagar a los propietarios el valor catastral correspondiente a 2007 que era lo que propusieron. No es viable", dijo Legaz.

Ante esta situación, el alcalde olitense pidió ayuda a los grupos que conforman el arco parlamentario navarro. "Si tuvieran alguna fórmula o idea para intentar solucionar esta situación sería un alivio para todos", les requirió. Sin embargo, todos los parlamentarios que tomaron la palabra no pudieron ofrecer solución alguna al alcalde más allá del diálogo y la negociación con los propietarios con el fin de alcanzar un acuerdo que evitase un desenlace judicial. Así se manifestaron todos los grupos, aunque uno de los más duros fue el popular Eloy Villanueva, quien instó a Legaz a resolver una complicada situación que como alcalde, dijo, tiene la obligación. "Haga todos los esfuerzos para arreglar un problema que no lo han creado los vecinos, sino una institución como es el ayuntamiento", aseveró. El problema no parece tener aún visos de solucionarse. La liquidación definitiva, según apuntó la letrada Ana Otazu se ha hecho de manera correcta. Así, el consistorio sigue reclamando el pago de las cuotas a los propietarios. Si estos no pagasen, el siguiente paso a dar sería el embargo de sus parcelas para proceder a su subasta. En el caso de que no se les diera salida o la cantidad obtenida no cubriera los gastos, deberían volver a ejecutarse los embargos.



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