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El Gobierno estudia el alcance de la sentencia que anula el PSIS de una térmica de Castejón

  • El Tribunal Supremo ratifica que no es legal que esté a menos de 2.000 metros del casco urbano

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Vista de las dos centrales térmicas de la empresa Hidrocantábrico en Castejón. NURIA G. LANDA

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Actualizada 29/11/2011 a las 01:05
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  • DN . TUDELA

El servicio de asesoría jurídica del Gobierno de Navarra está estudiando las consecuencias de la sentencia firme del Tribunal Supremo que anula la autorización que otorgó a Hidrocantábrico para la ampliación de su central térmica en Castejón. La causa de esta anulación es que la instalación se encuentra a menos de 500 metros del casco urbano de la villa, muy por debajo de los 2.000 metros de distancia mínima que marca la legislación aplicable en este caso.

Ayer, desde el Ejecutivo no informaron sobre si puede llevar a la paralización o no de su actividad, sobre todo teniendo en cuenta que la compañía reinició los trámites tras la primera sentencia para conseguir de nuevo la autorización. De hecho, lo hizo a instancias del propio Gobierno foral, que aprobó el nuevo Plan Sectorial de Incidencia Supramunicial en enero de este mismo año y en base a una legislación diferente a como se hizo en la primera ocasión.

El Gobierno aprobó el PSIS de la ampliación de esta térmica en noviembre de 2005. Sin embargo, la decisión fue recurrida por la plataforma "Más centrales no". El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ya emitió una sentencia en junio de 2008 por la que anulaba el acuerdo del Ejecutivo por la misma razón, la distancia mínima de la central respecto al casco urbano.

El Gobierno foral y la propia Hidrocantábrico -la empresa no quiso ayer realizar declaraciones- recurrieron la decisión ante el Tribunal Supremo, que ha ratificado la sentencia anterior.

El tribunal asegura que la actividad de la térmica es "molesta, insalubre, nociva y peligrosa" y que se ubica a menos de 500 metros del casco urbano. A partir de ahí, analiza qué legislación es aplicable, ya que el Gobierno basó su defensa en que debía regir una Ley foral de 1989 que sí la permitía.

La sentencia

Sin embargo, el Tribunal Supremo lo niega y afirma que es aplicable el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas o Peligrosas de 1961 y que marca esa distancia mínima de 2.000 metros. La sentencia recuerda otra anterior sobre la planta de biometanización de Arazuri, que también se anuló por la misma razón.

El tribunal asegura que la Ley foral que defiende el Gobierno recoge que su finalidad es actualizar y desarrollar la normativa vigente y no sustituir la existente. Además, señala que para que fuese aplicable la primera tendría que establecer un nivel superior de protección ambiental respecto al Reglamento, algo que no ocurre. Por tanto, concluye que "prevalece la norma estatal de protección medioambiental".

"Más centrales no" ha pedido la ejecución de la sentencia y la paralización de la actividad.

CLAVES

1 Proyecto inicial. Hidrocantábrico construyó la primera central térmica de 400 MW y empezó a funcionar en 2002.

2 Ampliación. En 2005 la empresa recibe autorización del Gobierno de Navarra para ampliar al doble de potencia la central con otro módulo.

3 Recurso. "Más centrales no" recurrió el acuerdo del Gobierno basándose en que está a menos de 2.000 metros del casco urbano, mínimo que marca la ley -se encuentra a menos de 500 m-.

4 Primera sentencia y recurso al Supremo. El TSJN da la razón a la plataforma porque la central incumple la distancia al casco urbano. El Gobierno e Hidrocantábrico recurrieron al Supremo, lo que paralizó la ejecución de la sentencia.

5 Nueva tramitación y otra autorización. El Gobierno instó a Hidrocantábrico a reiniciar la tramitación en base a otra legislación más actual que sí permitiría su ubicación. Así lo hizo y en enero de este año el Gobierno aprobó un nuevo PSIS en base a una Ley foral de 2005 que derogaba el reglamento que se tenía que haber aplicado inicialmente.

6 Sentencia firme del Supremo. Ha ratificado la primera sentencia y anula la autorización a la térmica. Ahora se estudian sus consecuencias, ya que se ha realizado una tramitación nueva.




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